Luego de inaugurar su buena sintonía con Milei reprimiendo la manifestación del 22/12, Llaryora profundiza el romance entre el cordobecismo del PJ provincial y sus aliados (HUxC) con el gobierno nacional de LLA. Tras el intento de desconocer la paritaria ya firmada por los sindicatos estatales, vigente hasta este mes de enero, el 27/12 el gobierno hizo votar en la legislatura provincial el aumento de los descuentos a los estatales para financiar la Caja de Jubilaciones y la mutual APROSS. Los montos llegan hasta un 4% en el caso de la Caja y hasta el 2% para el APROSS. Este recorte al salario se da en medio de una inflación galopante, que bordea la hiper. Llaryora ya ha declarado que se dispone a renegociar a la baja el aumento pactado para enero, que debía equiparar la inflación de diciembre, así como a reponer el diferimiento por seis meses de los aumentos a los jubilados. El ataque en regla contra los estatales se completa con una ola de despidos de trabajadores precarizados a partir del inicio de 2024. A la fecha, ATE ha relevado 58 despidos en SENAF y más de una veintena en salud, entre tantos otros en el resto de las reparticiones.
Este ataque no podría haber avanzado tanto sin el rol traidor de la burocracia sindical, que había llamado al paro provincial de estatales para el martes 26/12, que se esperaba sería contundente. La docencia encabezada por la UEPC Capital, recuperada por una lista combativa, ya había hecho una marcha importante y las asambleas en el poder judicial y otras reparticiones sentaban las bases para pararle la mano a Llaryora. Pero una vez que se garantizó que la clausula gatillo de diciembre, equivalente a la inflación de noviembre, sí se pagaría, la burocracia decidió levantar el paro sin haber solucionado el problema de los descuentos. El llamado a parar luego de la votación en la bicameral fue tardío y para descomprimir, la bronca entre los estatales se expresó en la gran marcha del jueves 28/12. La CTA-ATE directamente estuvo ausente de la marcha y no impulsó el paro en las reparticiones, salvo algunos delegados independientes de la conducción verde. Ante los despidos, el SEP no hizo más que convocar a los “afectados” a su sede gremial para hacer presentaciones administrativas, sin organizar ninguna acción contundente en los lugares de trabajo ni llamado a paro en toda la provincia. ATE se limitó a declararse, por enésima vez, en estado de alerta y movilización, sin llamar a asambleas ni ninguna otra medida ante el golpe del gobierno provincial.
Los trabajadores estatales nacionales de varias secretarías como la de Trabajo, ante una situación similar, garantizaron ayer el ingreso de los despedidos a las dependencias e hicieron asambleas permanentes para que estos no queden aislados, es un buen ejemplo a seguir. No es tiempo de tibios, debemos frenar los despidos con medidas contundentes como la paralización y ocupación de toda repartición donde haya despidos y preparar desde las estructuras la movilización para imponer el paro provincial activo y conquistar nuestras demandas de reincorporación, pase a planta y aumento para llevar el salario inicial al nivel de la canasta familiar, con ajuste mensual a la inflación. Desarrollando la lucha contra Llaryora nos fortaleceremos para preparar el paro general del 24 de enero convocado por las centrales. Desarrollemos en todas las reparticiones asambleas para votar el pliego de reivindicaciones de la lucha y las acciones para garantizar la medida, no podemos dejar en manos de la burocracia el enfrentamiento al gobierno de Milei y sus aliados. La UEPC Capital se ha ganado el lugar para llamar a un gran plenario provincial de los sectores, delegados y activistas opositores a la burocracia para discutir como llevar este plan de acción a cada fábrica y lugar de trabajo.