La paz social que los sindicatos ferroviarios mantienen con el gobierno de Fernández tuvo un quiebre parcial el pasado 29 de marzo cuando La Fraternidad (sindicato que agrupa a los maquinistas, ayudantes y motormen) realizó un paro nacional. La medida estuvo motivada por el rechazo a la suspensión vía judicial del ramal de pasajeros Constitución - Bahía Blanca.
La justicia federal de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, había dictado una cautelar luego del descarrilo de una formación por mal estado de vías, el pasado 8 de marzo, y que causó heridas leves a una veintena de pasajeros. El juez exigió a Ferroexpreso Pampeano (grupo Techint), la concesionaria privada responsable de mantener las vías, y a Trenes Argentinos, la operadora estatal del ramal de pasajeros, un “relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías”, actualizado, y donde “deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”. Maturano denunció que detrás de esta medida judicial estaba el lobby del transporte automotor de ómnibus para buscar cerrar el ramal, con la consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. Sostuvo, que la intromisión judicial era impertinente, y que la función de control correspondía a la CNRT y al ministerio de transporte.
El paro no fue para nada del agrado del gobierno. Sobre todo, porque una medida de esta índole conlleva poner sobre la mesa el arma de la huelga ante un sector de masas en momentos en que el gobierno busca establecer un acuerdo social tripartito, empresas, sindicatos y estado de cara al FMI, para aplicar el ajuste comprometido. Podemos decir que este ha sido el aspecto más progresivo de la medida del sindicato de los maquinistas, no así su programa, basado en confiar en los “controles” del estado sobre las empresas concesionarias privadas y las estatales. La medida de fuerza duró menos de medio día, aunque llegó a paralizar todos los trenes del país, y luego fue levantada por una “conciliación obligatoria” y tras “una reunión con el ministerio de transporte”. Todo esto, sin discusión ni resolución de asambleas con los trabajadores, como acostumbra la burocracia sindical.
Sergio Sasia, que dirige la Unión Ferroviaria, el gremio más numeroso del ferrocarril, carnereó. Es que Sasia, el más conciliador de los burócratas sindicales, ahora al frente de la CATT tras el acuerdo con el moyanismo, es parte de los interlocutores del gobierno para capear la crisis y se postula para integrar las mesas técnicas tripartitas estado-empresarios-sindicatos pos acuerdo con el FMI, por supuesto, para avanzar con la modificación de los convenios y la flexibilización laboral como ya hizo con el marcrismo en la rama ferroviaria (convenio Unión Ferroviaria, 2018).
La burocracia fraternal también ha tomado la acción sindical del 29/3 para hacer una demostración de fuerzas y poder de fuego de paralizar el transporte ferroviario, luego de su (auto)exclusión de la CATT. Maturano lidera el grupo de gremios del transporte disidentes del armado de Sasia-Moyano-Biró. Junto a la UTA, los sindicatos barrionuevistas (con el sindicato de Estaciones de Servicios, que tiene al frente a Acuña uno de los triuviros cegetistas), Carga y Descarga (Mercado Libre), Señaleros Ferroviarios, entre otros, han reflotado sello de la UGATT, una central paralela a la CATT, para mantener un lugar directo en la mesa, con el gobierno, las cámaras patronales y prestar y cotizar sus “servicios” tan caros en tiempos crisis.
Al cierre de esta edición, el 22/4, luego de 45 días de interrupción, se restableció el servicio de Pasajeros Constitución-Bahía Blanca. Atendiendo a las precauciones en la circulación que debió establecer Ferro Expreso Pampeano por el fallo judicial, y en reconocimiento q la falta de mantenimiento de vías, para recorrer los 700 Kilómetros del trayecto el servicio demoró más 18 horas, casi 5 horas mas de las que tardaba antes del descarrilamiento en Olavarría (12 horas). Un trayecto que en 1940 se hacía en solo 7 horas. La empresa, cómo siempre hacen las patronales, había culpado al maquinista por exceso de velocidad, es decir, por "falla humana". Y desde el estado Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, dijeron que descarriló por "exceso de lluvias".
Sin dudas, se ha puesto sobre el tapete la crisis que sigue teniendo el sistema ferroviario, y los cortocircuitos en el marco de esta decadencia, que involucra a las patronales del transporte automotor por una mayor rentabilidad y mercado (en contra de la tarifa subsidiada del ferrocarril), las concesionarias privadas y empresas estatales ferroviarias, a la burocracia estatal (gobierno y justicia) y burócratas sindicales. A 10 años de la masacre de Once, más allá de algunas compras de material rodante chino y renovación parcial de vías de trenes de pasajeros metropolitanos del AMBA, la recuperación de la administración estatal de la mayoría de la red, la infraestructura ferroviaria nacional de conjunto, incluido el estado de vías, sigue en emergencia. Los descarrilos en los trenes, mayormente de cargas, son diarios. Y no solo en las concesionarias como Ferroexpreso sino en las estatales Trenes Argentinos Cargas (Belgrano, San Martin, Urquiza).
Todo esto además entrará aún más en un cuello de botella con el ajuste presupuestario que plantea en subsidios el FMI, lo que prepara tarifazos, mayor precarización laboral y tercerización, y el continuo ataque a los salarios. Ni Maturano ni Sasia tampoco defienden los puestos de trabajo, como ya lo demostraron con el gobierno de Macri, ambos permitiendo el cierre de ramales (como Ferrobaires) y miles de despidos en todo el país sin mover un dedo. En cuanto al estado general del ferrocarril, primeramente, hacen falta inversiones, pero sobre todo la incorporación de miles de trabajadores, para combatir la falta de mantenimiento y mejorar las vías existentes, señalamiento, etc., y reabrir ramales cerrados.
La confianza en el estado y los organismos de control estatal, el banque a las patronales es el programa de la burocracia ferroviaria, que ha llevado calamitoso estado actual, a la masacre de Once, a la desidia patronal y al continuo ajuste sobre los trabajadores. El único programa progresivo ante la crisis del sistema, que se profundiza, es el control obrero del ferrocarril. Se abre la discusión paritaria, y en la misma, hay que exigir asambleas y pelear por no pagar el ajuste, por un plan de lucha unitario de todos los ferroviarios, por el salario iguala la canasta familiar para la categoría más baja indexado a la inflación, por incorporación de los desocupados al trabajo pagados por las empresas para mantener y mejorar el estado de vías, por el pase a planta de los tercerizados. Fortalezcamos una oposición sindical revolucionaria en el ferrocarril y el transporte con un programa obrero.
El conflicto de los trabajadores del transporte de pasajeros de Córdoba viene de vieja data. Pero la pandemia lo potenció. Mientras los compañeros de AOITA están de paro desde el inicio de la cuarentena, enfrentando un virtual lock out patronal-gubernamental, los choferes, trolebuseras y demás trabajadores de los colectivos de la capital están enfrentando el ataque de las patronales agrupadas en FETAP (ERSA-AUCOR y CONIFERAL) y de la municipalidad. Llaryora, en pocos meses, batió todos los récords en cuanto a ataques a los trabajadores, sumados al recorte a las jubilaciones de su jefe político Schiaretti.
Los municipales del SUOEM están en pié de lucha, aunque la conducción muestra deseos de levantar las medidas con muy poco. Frente a esto, Llaryora piensa que puede acorralar a la UTA, sabiendo que la burocracia nacional de Fernández-Kiener y la conducción local están dispuestos a entregar el salario y el aguinaldo bajo amenaza de despidos y baja de corredores. Este tipo de extorsiones las vemos día a día, en todas las ramas de la economía (estatales, industria, servicios). Dicen que “todos” tenemos que poner algo... ¡Es una mentira, nos quieren hacer pagar su crisis!
Ha trascendido que la oferta de Llaryora para frenar la lucha de la UTA, que lleva más de 12 días y gana su fuerza en las asambleas: para los trabajadores, rebaja salarial, pago del aguinaldo en cuotas y cambio en el cronograma de los pagos. Para la FETAP, subsidios nacionales, provinciales y municipales. ¿Esto es que “todos” pongan algo? No, es una provocación.
Todo el movimiento obrero cordobés, que vemos la tregua escandalosa de los “dirigentes”, tenemos la mirada puesta en el desarrollo de la lucha de ustedes compañeros. Porque se pueden enfrentar las extorsiones. Se puede vencer. Y los trabajadores de la UTA pueden convocar desde el lugar que legítimamente se han ganado en la lucha, y así buscar el apoyo del conjunto de nuestra clase, a un gran plenario regional para derrotar el ataque de Llaryora, Schiaretti, Alberto Fernández y las patronales.
COR - Regional Córdoba