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El paro docente en CABA contra la reforma del Estatuto, impulsada de forma unilateral por el gobierno de Rodríguez Larreta, tuvo altísima adhesión en las escuelas. Las medidas de lucha contra esta reforma laboral vienen siendo militadas por el activismo de Ademys, que obligó a UTE a poner su tregua con Cambiemos en suspenso y adherir a la medida de fuerza ante el rechazo masivo que genera en la base este ataque, que incluyó la represión a trabajadores y estudiantes mientras se aprobaba en la legislatura porteña.

Sin embargo, de parte de la conducción celeste de CTERA sólo recibió como apoyo un tibio comunicado. La ofensiva sobre las condiciones de trabajo de parte de los gobiernos del Frente de Todos, como de los gobiernos de la oposición burguesa, tiene un marco común: los acuerdos en el Consejo Federal de Educación, los acuerdos de ajuste en la paritaria nacional docente, y la negociación inconsulta de un Convenio colectivo de trabajo docente, todas instancias en las cuales la conducción celeste de CTERA colabora activamente, sin mandato de base.

Esta colaboración de la Celeste nacional desde CTERA y las conducciones sindicales de base, con el ajuste que se pactó con el FMI, y la cristalización en nuevas normativas que imponen los gobiernos nacional y provinciales, están avasallando las condiciones de trabajo, de ingreso y estabilidad en el cargo, la jornada laboral (extensión e intensificación), la bimodalidad, y un largo etcétera. Al que ahora hay que agregar nuevos intentos de declarar a la educación servicio esencial, para eliminar el derecho de huelga docente. Medida que gobiernos “nacionales y populares” como Correa en Ecuador y Tabaré Vázquez en Uruguay, impusieron respectivamente para castigar a los docentes en lucha. Por entonces, en Mendoza Cornejo imponía el ítem Aula, y Alicia Kirchner en Santa Cruz imponía un puntaje adicional en el bono docente por asistencia perfecta. Por esa misma época, las huestes de funcionarios kirchneristas (ejemplo: en 2014, Mariotto, vicegobernador de Bs As) dieron impulso al mismo debate que hoy retoma Finocchiaro.

Hay interna en el FdT y en Cambiemos, pero hay absoluta unidad burguesa y conciliación de clases de la burocracia sindical docente en consolidar el desplome salarial, y hacer pasar la reforma educativa y laboral que exige cumplir con el pago de la deuda externa. Están aprovechando el enorme terreno cedido durante la cuarentena, la dispersión y atomización del activismo aislado en sus casas, al que se adaptó la oposición antiburocrática docente, y que hoy, vuelta a la presencialidad en peores condiciones, no ha sabido revertir, como lo demuestra el retroceso de la multicolor en SUTEBA.

Brutal desplome del salario docente y del presupuesto educativo

Preventivamente se adelantaron revisiones paritarias y negociaciones en diferentes ramas de la industria y los servicios, para contener el malestar frente a la aceleración inflacionaria y la caída en la pobreza de los asalariados ocupados. Pero en el caso de la paritaria nacional docente, CTERA ni siquiera ha formalizado el pedido de reapertura. En paralelo, se ha desplomado el gasto público destinado a educación. Trabajadores con salarios de indigencia, aulas sobresaturadas de estudiantes, en edificios inhabitables. Hablan de más horas y días de clase, hablan de prohibir los paros docentes, pero no pueden garantizar la presencialidad por falta de espacio físico, mobiliario e incluso de docentes (caso de Jujuy).

Nunca les interesó la educación, sólo les interesa mostrarse como los más eficaces en la reducción del déficit y el disciplinamiento de la clase trabajadora ante el verdadero gobierno del país: el FMI y los acreedores privados.

Enfrentar la paz social de CTERA con el acuerdo gobierno/FMI, es la tarea de la oposición antiburocrática en cada sindicato de base. Instamos a forjar una oposición sindical, con independencia de clase y arraigo en la base, que dispute la dirección de los trabajadores de la educación, enfrentando la colaboración de la burocracia con el ajuste y la reforma educativa y laboral en curso.

Organicemos un congreso nacional de listas y agrupaciones antiburocráticas, para debatir fraternalmente un balance de las experiencias de las multicolores en los años recientes. Un balance que podamos discutir de cara a la base mediante boletines con libertad de tendencia, y plenarios de delegados escolares, y orientar la reorganización de la oposición a la Celeste a nivel nacional. Un congreso donde debatir un programa que arme para retomar el camino de lucha contra el ataque patronal en curso, y recuperar los sindicatos como parte de un nuevo ascenso en la lucha de las y los trabajadores de la educación.

La escolaridad obligatoria en 2020 se desarrolló a distancia, con la confinación masiva de niños, jóvenes y docentes en sus hogares, mediando la relación educativa con recursos informáticos y de comunicación a cargo de las familias y trabajadores, con enorme desigualdad en el acceso y pérdida del vínculo educativo entre los sectores más empobrecidos.

A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena, nos cruza el debate del retorno a las aulas en pandemia con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria.

La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever”¹. El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´”².

La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante. Por ello, desde el gobierno de Fernández ya están abriendo el paraguas, señalando que la vacunación de los docentes no será prerrequisito para la presencialidad.

Sin embargo, la presión a la reapertura escolar de cara al 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. En Argentina, soportamos la trágica muerte de dos trabajadores de la educación en la explosión de una escuela en Moreno, Pcia de Buenos Aires. Las escuelas-bomba, las escuelas-rancho, las escuelas-conteiner son las escuelas de la “vieja normalidad”. Hace décadas que las escuelas son inseguras e insalubres.

Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las políticas de los sucesivos gobiernos desde la dictadura en adelante, de achique del gasto en educación, de cierre de cursos, turnos y escuelas, que incrementó el hacinamiento en las aulas. El deterioro salarial hace imposible que un docente pueda vivir con un cargo o su equivalencia en horas cátedra, por lo que la gran mayoría de la docencia trabaja en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. También fue parte de estas políticas el ataque a los regímenes jubilatorios del personal que trabaja en las escuelas, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en la salud del personal, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros entre estudiantes, de ventilación, de lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas delirantes e imposible de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad. Por supuesto trasladando completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad no es otra cosa que la intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de estudio de nuestros estudiantes y de trabajo del personal educativo que ya señalamos. Ante esta realidad de la miseria de la educación, las gestiones nacionales y provinciales se concentran en unificar criterios en el Consejo Federal y en disciplinar a los docentes con la colaboración de toda la burocracia sindical, mientras patean la responsabilidad de organizar la presencialidad al personal directivo de las escuelas. “Empoderar al directivo”, con la tarea de definir cómo abrirá su escuela, generará mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se volverá un espacio de presiones y división interna, de aprietes y aislamiento al interior de cada unidad de trabajo. 

De asumir la cuarentena como programa propio, a garantes de la presencialidad

Las direcciones sindicales de CTERA, UDA, SADOP, etc, hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las tendencias de oposición que exigían cuarentena para todos o cuarentena obrera. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, resultó en el asesinato de Facundo Castro y más de 100 personas más. El “quédate en casa” dio un Guernica, donde la respuesta del Estado fue un desalojo brutal de familias pobres. El “seguimos educando” de Trotta y Fernández, sólo desnudó y profundizó el carácter de clase de la educación, estructuralmente desigual y segregante. “Elegí salvar vidas sabiendo que vamos a pagar un costo en la economía” sentenció Alberto. Pero los números de víctimas lo desmienten. Y el costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con una crónica inflación confiscatoria del salario y con la caída brutal de nuestros ingresos, mientras el gobierno ató por décadas la generación nacional de riqueza al pago de la deuda externa con los buitres y a la negociación ahora con el FMI.

Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Porque así podremos encarar programáticamente cómo intervenimos en la discusión de la vuelta a la presencialidad, sabiendo que sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a esta crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios provinciales de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos para reabrir las escuelas.

Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir representantes estudiantiles para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases nacional.

Necesitamos obligar al gobierno de Fernández y a cada gobernador a reabrir paritarias salariales y de condiciones de trabajo. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y la cantidad de escuelas, distrito por distrito, que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

No podemos aceptar que los garantes del ajuste, los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales.

Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores. Necesitamos reagrupar al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que sea capaz de orientar su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.



1 Trotsky, L. El nacionalismo y la economía, 1933.
2  Trotsky, L. Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939.