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Sábado, 25 Julio 2020 16:35

Deuda externa: Entrega inmediata

 

Las negociaciones por el pago de la deuda externa con el sector de los fondos de inversión, que en teoría vence el 4 de agosto, pero que el gobierno dice que las extenderían un mes más, están bastante avanzadas, ya que el Estado argentino ha cedido en gran parte a los pedidos de los acreedores. Se calcula una mejora de hasta 16.000 millones de dólares respecto a la primera oferta.

La negociación es por más de 65.000 millones de dólares de deuda, que el Gobierno intenta reestructurar con los acreedores privados, y eso es sólo una parte de los vencimientos previstos para este año. Luego viene el FMI, que no sólo querrá cobrar la deuda, sino además dar las directrices para exigir las reformas de siempre.

A pesar de eso, el 20 de julio los tres principales grupos de acreedores - ACC, Ad Hoc y Exchange- confirmaron su rechazo a la oferta de canje argentina con un comunicado en el que dicen que “se han unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de UDS 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó uno de los grupos de acreedores. Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5% del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.

Los acreedores quieren más concesiones de parte del gobierno, ya que cada vez que los apretaron mejoraron la oferta. El último pedido fue garantías jurídicas y Alberto y compañía ya mandaron al Congreso leyes para complacer a los grupos acreedores.

Esas señales se vinculan a la Ley de deuda nacional, que ya está en el Senado, y a la posibilidad de modificar determinados aspectos jurídicos vinculados a la reasignación de las emisiones de los bonos para lograr los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) de los títulos 2005 y 2016. Estas leyes cuentan con el aval de la oposición burguesa.

En una entrevista al diario Financial Times, el presidente había sostenido que “no habrá otra oferta” de reestructuración. Es decir, que esta era la última oferta para alcanzar un acuerdo.

Debemos ver cómo termina la negociación, ya que no es lo mismo para el gobierno si se va a un default con todas las letras o un default parcial y seguir negociando con el FMI para tratar de que ese organismo habilite algún tipo de crédito para que la economía argentina no colapse.

Lo que sí es seguro es que cualquiera sean los escenarios post negociación, nada bueno puede venir para los trabajadores y el pueblo pobre, ya que pretenden pagar la deuda con un ajuste a los trabajadores y saqueando a los jubilados. Resulta de un cinismo importante escuchar a Martín Guzmán, negociador de la deuda, decir que Argentina ya no pude hacer más concesiones, si no, debería ajustar a los trabajadores y jubilados y eso no lo harían. Es lo que vienen haciendo en todo el periodo de la pandemia, pagando con los fondos del Anses los gastos de la cuarentena y rebajando el sueldo a los jubilados.

Cuando para la opinión pública se dice que se está discutiendo la postpandemia en el gobierno y la oposición, en realidad lo que se está discutiendo es la post negociación de la deuda. Y, desde esta perspectiva, es que se ubican las distintas fracciones capitalistas. Y en este terreno están las peleas de los K contra la línea más acuerdista de Alberto con el G6 de los grandes empresarios nacionales.

De poder negociar una salida a la deuda, entra en juego cuál es el plan para salir de la crisis -que ya es histórica- y con quién. Acá entra el debate de fracciones. Alberto, después de retroceder con la expropiación de Vicentin, sostiene que es mediante un plan Marshall a la argentina (un plan de rescate de gran parte de la economía), con emisión monetaria, obra pública y con los dólares del sector agroexportador. En esta idea, busca unir fuerzas con el sector “dialoguista” de Cambiemos. La otra ala sostiene el crecimiento del mercado interno apoyándose en la burguesía nacional que “no es cipaya”. Pareciera una discusión entre delirantes, si no fuera porque ambas políticas se asientan seriamente sobre la idea de reventar al movimiento obrero y al pueblo pobre.

Para la política de Alberto se necesita que el FMI vuelva a dar crédito al país, ya que la emisión monetaria tiene un límite. Apuesta a un nuevo blanqueo, para que estos capitales regresen o ingresen al proceso productivo; debe garantizarles reformas, como la laboral. Ahora el gobierno lanza una reforma judicial, no sólo para intentar garantizarle impunidad a CFK, sino también para buscar los mecanismos institucionales y jurídicos (reforma de los tribunales y de la Corte Suprema) que den garantía para las esperadas inversiones extranjeras. Está en carpeta la idea de una renta básica que reemplace al IFE ante la pauperización de grandes sectores para tratar de contener el descontento social y buscar que esa renta básica sea referencia para bajar los salarios.

El ala del desarrollo del mercado interno y, por lo tanto, de una burguesía nacional que pelee por la soberanía nacional, que expresan los sectores ligados a Cristina, no pueden mostrar a qué sector habría que apoyar, ya que ponen como ejemplo a Arcor y de ahí ya todo deja de ser serio.

Mientras tanto, el desarrollo de la crisis abre un sinfín de procesos de lucha de clases en sectores de trabajadores en distintas provincias, como el conflicto de los colectiveros en Córdoba. También, conflictos contra los aparatos represivos del estado, como las movilizaciones por la desaparición forzosa de Facundo Castro en Provincia de Buenos Aires.

La burocracia sindical, como siempre, busca salvarse con algún ala de la burguesía nacional e internacional. En medio de la pandemia se quedaron en casa, pero permitieron los despidos, suspensiones y recortes salariales. El 21 de julio la CGT realizó una reunión virtual y firmó un documento junto a empresarios como Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperín (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y otros, integrantes de la poderosísima Asociación Empresaria Argentina (AEA). En el documento reclaman “la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Léase: ajuste fiscal y mayores concesiones a los empresarios. Con respecto al saqueo de la deuda externa reclamaron una “inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y “un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”. Esto demuestra que tanto los partidos patronales, como las distintas fracciones burguesas y la burocracia sindical son los garantes de que la crisis la paguemos los trabajadores.

Mientras se sigue desarrollando la crisis, profundizada por la pandemia, debemos deliberar dentro de nuestra clase cómo le damos una salida obrera. Dentro de nuestras organizaciones debemos plantear que no se debe pagar la deuda externa. No porque sea “fraudulenta” o “ilegítima”, sino porque es una forma de dominación que tiene el imperialismo para las semicolonias. Y además porque es una forma de sostén del imperialismo a las burguesías autóctonas, que son las garantes de los ajustes para pagar las deudas. Reiteramos, no podemos pagar la deuda externa y mantener una clase parásita, como es la burguesía, que no produce nada.

Es central apelar a la solidaridad activa de los trabajadores de los países imperialistas, que enfrenten a sus gobiernos en defensa de los trabajadores de las semicolonias. Los trabajadores de EEUU, Francia, España y Alemania, entre otros, deben apoyar la lucha de los trabajadores en contra del pago de la deuda externa. Es una lucha antiimperialista y los trabajadores de nuestro país deben ser la vanguardia de esta lucha, recuperando los sindicatos de la burocracia sindical, peleando por recuperar lo perdido en periodos anteriores de nuestro salario, sólo para que no sigan cayendo nuestras condiciones de vida. Junto a la clase obrera del resto de los países de la región, debemos ser caudillos de los procesos en el conjunto de Latinoamérica para derrotar los planes de ajuste de los gobiernos de turno.

 

Publicado en Nacionales

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