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          La paz social que los sindicatos ferroviarios mantienen con el gobierno de Fernández tuvo un quiebre parcial el pasado 29 de marzo cuando La Fraternidad (sindicato que agrupa a los maquinistas, ayudantes y motormen) realizó un paro nacional. La medida estuvo motivada por el rechazo a la suspensión vía judicial del ramal de pasajeros Constitución - Bahía Blanca.

          La justicia federal de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, había dictado una cautelar luego del descarrilo de una formación por mal estado de vías, el pasado 8 de marzo, y que causó heridas leves a una veintena de pasajeros. El juez exigió a Ferroexpreso Pampeano (grupo Techint), la concesionaria privada responsable de mantener las vías, y a Trenes Argentinos, la operadora estatal del ramal de pasajeros, un “relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías”, actualizado, y donde “deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”. Maturano denunció que detrás de esta medida judicial estaba el lobby del transporte automotor de ómnibus para buscar cerrar el ramal, con la consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. Sostuvo, que la intromisión judicial era impertinente, y que la función de control correspondía a la CNRT y al ministerio de transporte.

          El paro no fue para nada del agrado del gobierno. Sobre todo, porque una medida de esta índole conlleva poner sobre la mesa el arma de la huelga ante un sector de masas en momentos en que el gobierno busca establecer un acuerdo social tripartito, empresas, sindicatos y estado de cara al FMI, para aplicar el ajuste comprometido. Podemos decir que este ha sido el aspecto más progresivo de la medida del sindicato de los maquinistas, no así su programa, basado en confiar en los “controles” del estado sobre las empresas concesionarias privadas y las estatales. La medida de fuerza duró menos de medio día, aunque llegó a paralizar todos los trenes del país, y luego fue levantada por una “conciliación obligatoria” y tras “una reunión con el ministerio de transporte”. Todo esto, sin discusión ni resolución de asambleas con los trabajadores, como acostumbra la burocracia sindical.

          Sergio Sasia, que dirige la Unión Ferroviaria, el gremio más numeroso del ferrocarril, carnereó. Es que Sasia, el más conciliador de los burócratas sindicales, ahora al frente de la CATT tras el acuerdo con el moyanismo, es parte de los interlocutores del gobierno para capear la crisis y se postula para integrar las mesas técnicas tripartitas estado-empresarios-sindicatos pos acuerdo con el FMI, por supuesto, para avanzar con la modificación de los convenios y la flexibilización laboral como ya hizo con el marcrismo en la rama ferroviaria (convenio Unión Ferroviaria, 2018).

          La burocracia fraternal también ha tomado la acción sindical del 29/3 para hacer una demostración de fuerzas y poder de fuego de paralizar el transporte ferroviario, luego de su (auto)exclusión de la CATT. Maturano lidera el grupo de gremios del transporte disidentes del armado de Sasia-Moyano-Biró. Junto a la UTA, los sindicatos barrionuevistas (con el sindicato de Estaciones de Servicios, que tiene al frente a Acuña uno de los triuviros cegetistas), Carga y Descarga (Mercado Libre), Señaleros Ferroviarios, entre otros, han reflotado sello de la UGATT, una central paralela a la CATT, para mantener un lugar directo en la mesa, con el gobierno, las cámaras patronales y prestar y cotizar sus “servicios” tan caros en tiempos crisis.

          Al cierre de esta edición, el 22/4, luego de 45 días de interrupción, se restableció el servicio de Pasajeros Constitución-Bahía Blanca. Atendiendo a las precauciones en la circulación que debió establecer Ferro Expreso Pampeano por el fallo judicial, y en reconocimiento q la falta de mantenimiento de vías, para recorrer los 700 Kilómetros del trayecto el servicio demoró más 18 horas, casi 5 horas mas de las que tardaba antes del descarrilamiento en Olavarría (12 horas). Un trayecto que en 1940 se hacía en solo 7 horas. La empresa, cómo siempre hacen las patronales, había culpado al maquinista por exceso de velocidad, es decir, por "falla humana". Y desde el estado Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, dijeron que descarriló por "exceso de lluvias".

          Sin dudas, se ha puesto sobre el tapete la crisis que sigue teniendo el sistema ferroviario, y los cortocircuitos en el marco de esta decadencia, que involucra a las patronales del transporte automotor por una mayor rentabilidad y mercado (en contra de la tarifa subsidiada del ferrocarril), las concesionarias privadas y empresas estatales ferroviarias, a la burocracia estatal (gobierno y justicia) y burócratas sindicales. A 10 años de la masacre de Once, más allá de algunas compras de material rodante chino y renovación parcial de vías de trenes de pasajeros metropolitanos del AMBA, la recuperación de la administración estatal de la mayoría de la red, la infraestructura ferroviaria nacional de conjunto, incluido el estado de vías, sigue en emergencia. Los descarrilos en los trenes, mayormente de cargas, son diarios. Y no solo en las concesionarias como Ferroexpreso sino en las estatales Trenes Argentinos Cargas (Belgrano, San Martin, Urquiza).

          Todo esto además entrará aún más en un cuello de botella con el ajuste presupuestario que plantea en subsidios el FMI, lo que prepara tarifazos, mayor precarización laboral y tercerización, y el continuo ataque a los salarios. Ni Maturano ni Sasia tampoco defienden los puestos de trabajo, como ya lo demostraron con el gobierno de Macri, ambos permitiendo el cierre de ramales (como Ferrobaires) y miles de despidos en todo el país sin mover un dedo. En cuanto al estado general del ferrocarril, primeramente, hacen falta inversiones, pero sobre todo la incorporación de miles de trabajadores, para combatir la falta de mantenimiento y mejorar las vías existentes, señalamiento, etc., y reabrir ramales cerrados.

          La confianza en el estado y los organismos de control estatal, el banque a las patronales es el programa de la burocracia ferroviaria, que ha llevado calamitoso estado actual, a la masacre de Once, a la desidia patronal y al continuo ajuste sobre los trabajadores. El único programa progresivo ante la crisis del sistema, que se profundiza, es el control obrero del ferrocarril. Se abre la discusión paritaria, y en la misma, hay que exigir asambleas y pelear por no pagar el ajuste, por un plan de lucha unitario de todos los ferroviarios, por el salario iguala la canasta familiar para la categoría más baja indexado a la inflación, por incorporación de los desocupados al trabajo pagados por las empresas para mantener y mejorar el estado de vías, por el pase a planta de los tercerizados. Fortalezcamos una oposición sindical revolucionaria en el ferrocarril y el transporte con un programa obrero.

 

* Por Ferroviarios de la COR 

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7 de abril - Elecciones en ADIUC

Este jueves se vota para renovar autoridades del sindicato docente de la UNC. La actual conducción de la lista naranja, ligada al kirchnerismo, se presenta con un discurso de “renovación con continuidad”, un “seguiremos mejores” de la dirección sindical que defeccionó en la gran lucha de 2018 y nunca tuvo un atisbo de perfil combativo, menos aún con el FdT en el gobierno. ADIUC es parte de la CONADU, federación sistemáticamente oficialista y firmante serial de las paritarias a la baja desde el gobierno de De La Rua. Últimamente, ADIUC se ha parado junto con otros sindicatos de base como ala crítica a la conducción nacional de la federación, pero sin llevar esto a ningún debate profundo a las asambleas, el cuerpo de delegados y menos a acciones de lucha. No nos extraña, ya que como buenos K apoyaron la cuarentena impuesta por Alberto durante los 2 últimos largos años, limitándose a solicitar mejores condiciones para el dictado de clase en la virtualidad, mientras los docentes eramos sometidos a jornadas de trabajo con límites difusos y poniendo los recursos de nuestro bolsillo. Con la vuelta a las aulas impulsada por Juri y los decanos, tampoco hizo nada ADIUC y su conducción para cuestionar la imposición de jornadas duplicadas por la bimodalidad y las clases híbridas. El regreso a los lugares de trabajo no significó en cambio retomar los métodos de las asambleas y la conducción se sigue manejando en la virtualidad de las consultas por mail. Así, nada se hizo para enfrentar la paritaria de hambre, firmada por un 41% en 4 cuotas no acumulativas hasta septiembre por la CONADU, las federaciones docentes menores y la FATUN (Nodocentes).
También participará de la elección la lista Fucsia y Blanca impulsada por el Frente de Docentes en Lucha, ligado al Partido Obrero. Esta lista denuncia el acuerdo salarial a la baja, y su principal consigna es “por un sindicato independiente de las autoridades y los gobiernos”. Por supuesto que acordamos con la necesidad de romper las ataduras de ADIUC al rectorado, los decanatos y el gobierno nacional, pero esto es limitado: olvidan los compañeros del FDL que es clave romper con la estatización de los sindicatos, lucha que determina la independencia de clase del programa. Esto se ve reflejado en su posición en relación al CCT, que si bien fue una conquista para imponer condiciones de trabajo únicas para todos los docentes del país (y es necesario seguir peleando para que las mismas sean respetadas por las UUNN), no deja de ser parte del armado legal que las patronales utilizan para regimentar estatalmente a las organizaciones obreras. Por eso es necesario denunciar claramente como la actual conducción naranja de ADIUC incluyó en su momento el cobro de un “aporte solidario” a los no afiliados como adenda al CCT en la negociación de su aplicación con las autoridades de la UNC. El FDL no cuestiona tampoco que los fondos sindicales pasen por manos del Estado-patrón en las retenciones salariales, ni tampoco la tutela patronal de la mutual DASPU, a la que llaman a defender tal cual es. Llamamos a los compañeros a reconsiderar su posición en estas discusiones al tiempo que impulsamos en común las asambleas por facultad y la asamblea general para discutir un plan de lucha por la reapertura de la paritaria, un salario del cargo testigo igual a la canasta familiar indexado mensualmente a la inflación, el fin de la precarización laboral y el trabajo gratuito, comisiones de seguridad e higiene para garantizar las condiciones de trabajo y por el aumento de presupuesto educativo y de ciencia y técnica. ¡NO al acuerdo gobierno-FMI, NO al pago de la deuda!

Votemos críticamente a la lista Fucsia y Blanca

En estas elecciones llamamos a votar por la lista Fucsia y Blanca, porque es una lista antiburocrática y está integrada por activistas combativos. Se trata de un llamado al voto crítico, porque como exponemos arriba, en su programa dejan de lado la necesidad de luchar por la independencia de los sindicatos del Estado. Al tiempo que llamamos a este voto crítico, convocamos al conjunto de los docentes de la UNC a organizarnos en cada facultad y lugar de trabajo para encarar las grandes tareas que tenemos por delante como es recuperar ADIUC, la CONADU, unificar las federaciones (CONADU, CONADU histórica y el resto) en una gran Federación de Trabajadores Universitarios para poner nuestras organizaciones en pie de lucha contra el ajuste que implica el acuerdo de sumisión firmado por el gobierno de Alberto y todo el arco patronal con el FMI.

Publicado en Córdoba

     La Federación de Empleados de Comercio, con Armando Cavalieri a la cabeza, se reunió con las cámaras empresariales para reabrir la negociación mercantil, luego de un largo letargo, donde desde el mes de Mayo los trabajadores de comercio vienen exigiendo y reclamando la reapertura de paritarias. La entrega firmada en mayo implicaba un miserable aumento del 32% en 4 cuotas de 8 % cada una, que se terminarían de pagar las últimas dos en el año 2022. Mientras que la acumulación de la inflación ya lleva un mínimo de 27 % (tomando los datos del INDEC) en el primer semestre del año, los salarios mercantiles sólo tuvieron un incremento del 8 %. En tanto que Cavalieri, firmaba y se subordinada a las patronales como al gobierno de Alberto que usó al gremio más grande del país (1.2 millones de afiliados) cómo paritaria testigo, la careta de que los salarios " le ganarían a la inflación" se caía antes de cerrar la paritaria. Nada más lejos de eso, este gobierno conjuntamente con los pulpos supermercadistas son los responsables, en gran parte, de la remarcación de precios donde día a día la masa trabajadora ve licuados sus salarios por la inflación.

     Sin embargo, al otro día de firmada la entrega el repudio de las bases mercantiles fue generalizado. Comisiones internas, delegados y agrupaciones (sobre todo en la zona norte) salieron a manifestarse y exigir la reapertura de las paritarias de forma inmediata. Este proceso de organización tiene sus raíces en la enorme crisis que existe en la rama de comercio, donde los trabajadores ven como la burocracia sindical, en complicidad con las patronales permitió y acentuó en los últimos años los contratos ultra reducidos. Los contratos part Time se multiplican, y no llegan ni a cubrir la canasta de pobreza. También aumentan los contratos por agencia y tercerizados. Un suceso que ilustra lo podrido de esta burocracia, es el ninguneo a los trabajadores de Garbarino, que no cobran su sueldo desde el mes de Abril y dónde el sindicato no se dignó a llamar a un paro nacional por los 6000 empleados que no saben cuál va a ser su futuro. Todo esto sumado a la borrada monumental de la burocracia durante la pandemia.

     En este contexto, durante el 2020 la necesidad de organizarse se volvió imperiosa, y ahí estuvieron muchos delegados combativos y comisiones internas que tomaron la tarea de enfrentarse a la patronal para exigir protocolos de seguridad e higiene, para pelear por efectivizaciones, despidos y tomar posición con respecto a las paritarias. Con los métodos de nuestra clase, Asambleas, Paros, Corte de cajas, quite de colaboración, se enfrentó a las patronales. Este proceso de organización se cristalizó en un plenario convocado por delegados de zona norte (regional San Martín) donde participaron un centenar de trabajadores de diferentes seccionales y activistas. Inmediatamente se resolvió iniciar una amplia campaña en pos de la reapertura de la paritaria, denunciando a su vez la precarización laboral y los despidos en el sector. Asambleas, movilizaciones y paros se sucedieron en diferentes Carrefour, Jumbo, Easy, Chango Mas más la permanente lucha por los compañeros de Garbarino.

     Es necesario profundizar estas experiencias, consolidar estas expresiones genuinas en una oposición consciente, y con un programa obrero, hacia adentro del sindicato que le dispute la dirección del gremio a la burocracia.  Ante esta nueva reapertura de paritarias, debemos ser nosotros, los trabajadores y delegados combativos organizados quienes impongamos nuestras condiciones. Es necesario llamar a asamblea en cada lugar de trabajo, sacar mandatos y llevarlos a un gran plenario de delegados y activistas dónde votemos un plan de lucha y que tipo de aumento queremos. Debemos imponer la figura de DELEGADO PARITARIO con mandato para conquistar nuestras reivindicaciones y así ampliar nuestras funciones, se deben poner un límite a los contratos part Time, a los contratos por agencia, debemos exigir la reincorporación de los despedidos cómo también que se garantice la fuente laboral de los trabajadores de Garbarino. Basta de que sigan negociando a nuestras espaldas los traidores de la burocracia!!

ASAMBLEAS EN CADA MERCADO!!

PLENARIOS DE DELEGADOS!!

DELEGADOS PARITARIOS CON MANDATO DE ASAMBLEA!!

POR UN PLAN DE LUCHA MERCANTIL NACIONAL!!

PONGAMOS EN PIE UNA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA DENTRO DE LA FEDERACIÓN!!

 

Autor: Andrés Arias

[Publicado en la Edición impresa #78 del IMPRESO de la Corriente Obrera Revolucionaria, Julio 2021]

 

 

Publicado en Buenos Aires

      A mediados de mayo se produjo el incendio parcial en la planta Bimbo San Fernando. Un mes después de ese hecho, sobre el cual aún hay muchas conjeturas e interrogantes por su intencionalidad, la multinacional mexicana manifestó su plan de “retirarse del negocio de congelados” y envió telegramas de despido a los 300 trabajadores. Como denuncian los mismos compañeros de Bimbo SF en lucha, la planta tiene la capacidad hoy de funcionar a un 60%, ya que el incendio fue parcial y no amerita su inutilización cómo ha dicho la públicamente la empresa.

      En San Fernando, trabajan alrededor de 300 trabajadores, agremiados en 3 sindicatos (alimentación, pasteleros y panaderos). El planteo de la defensa de los puestos de trabajo y el rechazo a las indemnizaciones ha sido votado en asamblea y tiene al frente a la comisión interna opositora de pasteleros, que viene planteando la unidad de acción y la organización conjunta de los trabajadores de toda la planta para la lucha. Las burocracias sindicales de los 3 sindicatos, con STIA a la cabeza, han manifestado que a lo sumo están dispuestas a reclamar más indemnización, o sea un planteo pro-patronal. 

      El día viernes se realizó un importante acto obrero en las puertas de Bimbo convocado como primera medida de lucha, el cual contó con la presencia de organizaciones sindicales recuperadas de zona norte, organizaciones sociales y la izquierda. El próximo jueves hay audiencia y está convocada una movilización al ministerio de trabajo. 

      Para quebrar la voluntad del grupo Bimbo, son fundamentales las acciones que golpeen en la producción en las diferentes plantas buscando el apoyo de sus trabajadores. La exigencia e imposición a los sindicatos de una huelga es de primer orden, para derrotar la política de los despidos e imponer la reapertura de la planta. Bimbo tiene que abrir los libros contables, no tiene ninguna crisis.

      En otra alimenticia como La Salteña (del grupo Molinos), los trabajadores realizan un paro de 48hs por un aumento superior a lo acordado por la burocracia en la paritaria de pasteleros. Mientras en Stia aún no las han cerrado, y crecen los reclamos de un plan de lucha.

      Una reunión de la oposición antiburocrática alimenticia (pasteleros, alimentación, panaderos, etc.) podría ser un gran paso para resolver un programa acción ante la situación, para fortalecer la pelea de Bimbo por los puestos de trabajo y la reapertura de la planta, por el aumento de salarios, para luchar por imponer un plan de lucha en los sindicatos y enfrentar a los monopolios alimenticios, que además de ajustadores también son unos de los principales responsables de los aumentos de precios y la carestía de la vida de la población.

      Por el triunfo de los trabajadores de Bimbo. Apoyemos con todas las fuerzas su lucha.

Publicado en Buenos Aires

El 16 de diciembre cerró la revisión de la paritaria general de la administración pública nacional por el período Julio 2020/Junio 2021, que además se replica o marca la pauta para los convenios sectoriales de los organismos descentralizados. Luego del 7% que UPCN firmó en octubre, esta vez ambas burocracias acordaron una nueva pauta de 18% en 3 cómodas cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo. A esto se suman la continuidad del bono de $4.000 otorgado a principios de año para salarios brutos inferiores a $60.000, un bonito de fin de año de $4.000 y el acuerdo de un “plan de regularización del empleo” para el pase a planta vía concursos (concursos 2.0) a lo largo del período 2021-2023, para supuestamente 29 o 30 mil trabajadores contratados, aunque el gobierno aclaró a los paritarios que sería 7.500 por año.
Estamos hablando de un aumento anual total de 25% en 4 cuotas no acumulativas, de las cuales 3 se otorgarán después de febrero, y contra una inflación acumulada interanual hasta noviembre de 35,8% según ATE-INDEC. La pauta es un recorte del salario real de más del 10%, lejos del “empate” que pretende vender la verde de ATE. Mientras, el gobierno miente diciendo que el 18% significa un aumento real para la 1º mitad de 2021, porque no cuenta todo lo que perdimos durante la cuarentena, menos lo perdido durante el macrismo y mucho menos la verdadera inflación 2021 que viene con tarifazos de todos los colores.
Con este acuerdo paritario, las burocracias sindicales de UPCN y ATE están avalando la política de ajuste que el gobierno impulsa en su negociación con el FMI, reflejada entre otras políticas en el presupuesto 2021 y la nueva reforma jubilatoria. La “convergencia fiscal” reclamada por los empresarios y el FMI se logra recortando los salarios para hacernos pagar la crisis y la pandemia a los trabajadores.
Desde 2006 que ATE no firmaba una paritaria y la explicación de “Cachorro” Godoy es simple: es necesario mantener el apoyo al Frente de Todos, esas son sus consideraciones políticas. Supuestamente, estaríamos ante la reversión de 4 años de ajuste… es una forma de intentar cubrir por izquierda lo que en realidad es la continuidad del mismo. El argumento de que hay que tener en cuenta el contexto de crisis internacional y pandemia, también agitado por la Verde y Blanca de Catalano (ATE Capital), es la contracara del apoyo que dieron UPCN y ATE a la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto y Cristina, con sus rescates y subsidios a las patronales vía ATP, y sobre todo dejando pasar, junto con ATSA que encabeza el secretario general de la CGT Daer, el mantenimiento de condiciones laborales deplorables (salarios de miseria, pluriempleo, falta de EPPs, etc.) de los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país, por no hablar de la aplicación de la cuarentena y los protocolos para reprimir las luchas por salarios, condiciones de trabajo y contra despidos y suspensiones de los compañeros de UTA, Alimentación, UOM, frigoríficos, municipales, etc., a lo largo de todo 2020.
La zanahoria del acuerdo, no cabe duda, es el plan de regularización y la plataforma Concursar 2.0 del gobierno, que la verde y Andrés Rodríguez ponen en primer plano para acallar las críticas a la entrega salarial. Junto con la integración política al acuerdo con el FMI, este alineamiento con el gobierno pone de manifiesto el profundo nivel de estatización de los sindicatos de trabajadores estatales, detrás de banderas del tipo “ganar espacios” para la transformación del Estado. Y es que los tan relegados y necesarios pases a planta de los más de 60.000 compañeros contratados en el Estado Nacional van a ser puestos en un plan de concursos manejado por el propio gobierno, donde las burocracias sindicales tendrán participación, no sólo impidiendo el pase directo a partir del simple control de los propios trabajadores del sector del desempeño efectivo de tareas por más de 6 meses, sino permitiendo el intercambio de favores y las “listas” negociadas entre funcionarios y conducciones burocráticas. De esto se trata el “ganar espacios”. Si los concursos son parte de la formación de una burocracia estatal a partir de una jerarquía del saber que es la contracara de la igualación puramente formal de los “ciudadanos” en la democracia burguesa, estos concursos agregan en la descomposición de la burocracia una “jerarquía de la transa”, fuente de las prebendas con las que negocian y de las que viven las burocracias sindicales. De paso, la conducción de UPCN sigue corriendo con el “centauro” del comisario ya que tendría garantizada una nueva compulsa en mayoría a partir de aumentar el numero de “espacios” que responden a Rodríguez.

Rechacemos el acuerdo

Los estatales nacionales debemos impulsar asambleas en todos los lugares de trabajo, como las que se vienen impulsando en el INTA, en el Garrahan, en CONICET y tantas otras reparticiones, para rechazar este acuerdo de ajuste, parte del protocolo FMI. La bronca recorre los lugares de trabajo, no podemos cerrar 2020 dejando pasar todo lo que perdimos durante la cuarentena, debemos sentar las bases de la lucha por recuperarlo. Impulsemos un plenario nacional de delegados, que vote un plan de lucha para reabrir la paritaria y delegados paritarios elegidos por la base, ¡que los burócratas no negocien más por nosotros! Ante el visto bueno a la política del Estado frente a la pandemia de la burocracia sindical, tenemos que hacer nuestro propio balance: desde el punto de vista de los trabajadores fue un desastre, nosotros sufrimos el recorte salarial y pusimos los muertos en los lugares de trabajo, empezando por los hospitales. Votemos comisiones de seguridad e higiene para garantizar las medidas de protección necesarias para enfrentar la llamada “segunda ola”. Por el pase a planta directo de todos los precarizados, a partir del simple control de los compañeros de sector del cumplimiento efectivo de tareas, y el fin de las tercerizaciones en el Estado; reincorporación de todos los despedidos. Por un aumento que recupere lo perdido durante el macrismo y la cuarentena, salario inicial igual a la canasta básica calculada por ATE INDEC de $74.000, todos los bonos y sumas en negro al básico, no al presentismo y demás adicionales por productividad.
Debemos recuperar los sindicatos de los trabajadores estatales para ponerlos en función de la lucha. Por la independencia de los sindicatos del Estado. Abajo la ley de asociaciones profesionales y todas las reglamentaciones y acuerdos de la burocracia que nos atan a nuestros enemigos de clase.
Proponemos a las corrientes de oposición dentro de ATE decididas a enfrentar el pacto del gobierno, el FMI, la burocracia sindical y los empresarios, impulsar en conjunto un plenario nacional presencial de delegados de la oposición, con mandatos de base, para discutir como poner en pie una dirección alternativa que nos permita desarrollar la lucha, tirar abajo a Cachorro Godoy y el Tano Catalano, y echar a patas a todos los traidores de nuestro sindicato.

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  El ministerio de trabajo de la provincia, encabezado por Omar Sereno, amenaza a la UOM Córdoba de denunciar penalmente a 2 trabajadores de la empresa WEG equipamientos y a un miembro de la comisión directiva. La denuncia estaría fundada en que los trabajadores de la fábrica de motores eléctricos habrían violado el protocolo sanitario de la empresa y el COE en el transcurso de medidas de fuerza que venían llevando a cabo por un pedido de una mejora económica ante la miserable paritaria firmada por Caló a nivel nacional. Queda al desnudo el rol del ministerio, que lejos de ser un árbitro en los conflictos entre trabajadores y patronales, juega abiertamente del lado de estas, imponiendo una conciliación obligatoria para desactivar las medidas para luego… amenazar a los trabajadores con el código penal.
  Mientras tanto, el COVID-19 se esparce en los lugares de trabajo, incluídas varias fábricas de la UOM, porque los protocolos de las empresas y el COE están hechos solo a fin de culpar a los propios trabajadores ante los contagios, deslindando las responsabilidades de las patronales y las ART. Mientras los trabajadores se ven obligados a amontonarse en líneas de producción, talleres y otros espacios, las empresas declaran que los tapabocas caseros son infalibles, no toman las medidas de organización de los turnos necesarias ni hacen las obras de infraestructura correspondientes. Todo va en el mismo sentido: maximizar la ganancia y bajar todo “costo” que en este caso son las medias de seguridad e higiene para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias… y luego si hay contagios, no solo no se hacen cargo, sino que llaman al ministerio de trabajo para que nos amenace con el código penal.

Por comisiones de seguridad e higiene
Abajo la denuncia penal de Sereno

  No podemos confiar ni un segundo en los protocolos del COE y las empresas. Ya está demostrado que el supuesto “plan” sanitario del gobierno nacional con su cuarentena, y del COE provincial con su “ocupación quirúrgica” de barrios y pueblos, no ha evitado que estemos ante un récord de contagios y muertes. Debemos impugnar esos protocolos, votar en asambleas nuestra propia propuesta de medidas de protección y elegir comisiones de seguridad e higiene para garantizar su cumplimiento. Las medidas deben incluir hisopados PCR (los únicos tests que sirven para diagnóstico específico) para los trabajadores y aislamiento de todos los contactos estrechos de los casos positivos. Esto debe sumarse a todos los reclamos que vienen levantándose en las fábricas: salario que supere la línea de pobreza, pago al 100% del salario a los compañeros con licencias médicas, fin de los despidos y suspensiones, reincorporación de los despedidos. Hay que sumar una nueva reivindicación: abajo la denuncia penal contra los compañeros de WEG, es un ataque a nuestro sindicato y a todos los metalúrgicos.
  Debemos tener en claro, no sólo en la rama metalúrgica sino en todas las ramas, que a Schiaretti, a Alberto y a los empresarios no les importan nuestras vidas. Para frenar el avance de la pandemia y la intención de hacernos pagar la crisis, se impone avanzar en la medida del paro general hasta que se cumplan nuestras demandas.

COR - Regional Córdoba

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La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.

¡No al teletrabajo!

Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral,  la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir  un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.

Tercerizados de los Call Centers
Enfrentemos la flexibilización y precarización laboral

Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses  (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad,  al mismo gobierno.

Efectivización de los tercerizados y fin a las agencias de empleo

Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!

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En su desarrollo, la crisis capitalista y sus  efectos,  acentuados con la pandemia del COVID-19, vinieron  a  mostrar la estructura de un estado burgués y la forma en que la burguesía se garantizó el flujo de mercancías y mano de obra a las fábricas. Lo cierto es que con la excusa de la pandemia, tanto empresarios como burócratas sindicales aprovecharon para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y para tener un mayor control en los procesos productivos.
Desde el 20 de marzo la UOM Córdoba (como otros sindicatos) cerró sus puertas, dejando vía libre a que las patronales que fueron habilitadas en período de aislamiento social, modificaran y planificaran cómo iba a ser el proceso productivo, dejando a los trabajadores expuestos a posibles contagios en medio de la pandemia. Las patronales, consciente de los efectos que iba a tener la pandemia, tanto en caídas de ventas como problemas de logística, con la venia de las burocracias pudieron acomodarse mejor para recibir el impacto.
La UOM, por su parte, acordó una suspensión al 75 % “por whatsapp” ya que no hubo discusiones ni plenarios donde los obreros metalúrgicos debatieran sobre cómo serían las mismas o rechazarlas. Las cámaras empresariales ni amagaron un golpe para que Caló se bajara los pantalones. Todo trabajador que no fuera convocado por las patronales a trabajar como exceptuado, pasaba a estar suspendido de hecho, incluso los trabajadores considerados de riesgo. Otro elemento presente en el acuerdo de la UOM fue la posibilidad de llegar a acuerdos individuales entre trabajadores y patronales, por retiros voluntarios, que ya sabemos que son despidos encubiertos, a partir de la presión económica, falta de paritarias este año, sumado al atraso salarial acarreado por años de acuerdos.
Las empresas comenzaron a convocar como era de esperar al personal más afín a sus intereses, impidiendo el retorno de delegados. Las convocatorias fueron en para modificar  puestos, delimitar zonas, colocar separadores de acrílico en los puestos que están a menos de un metro y medio, expendedores de alcohol en gel, etc., requisitos para que el C.O.E.(Centro de Operaciones de Emergencia, encargado de las habilitaciones en pandemia y aprobaciones de protocolos) les diera el ok.
Habiendo preparado los lugares de trabajo y armado los protocolos, algunas empresas comenzaron a trabajar. En el sector autopartes, ligado a las automotrices, lo han venido haciendo hasta el día de hoy a media máquina, sin la totalidad del personal. Se han dedicado a sacar pedidos atrasados hasta el mes de julio, previendo que los programas de producción comenzarán en octubre. En el sector linea blanca (electrodomésticos y afines) se sintió menos el impacto. Han regresado la totalidad de los planteles excepto compañeros considerados de riesgo y compañeros que no tienen movilidad propia.
Los metalúrgicos no podemos confiar en planes y protocolos que elabora una clase que tiene como único norte la obtención de ganancias apropiándose de la plusvalía que genera nuestra clase. Los protocolos están siendo aplicados en este ensayo reaccionario para disciplinarnos y quitarnos conquistas en búsqueda de un nuevo equilibrio que les permita mayores márgenes de ganancias en este periodo de crisis. Ante esta situación, los metalúrgicos tenemos que impulsar delegados de seguridad e higiene, comisiones independientes de seguridad e higiene y elaborar un protocolo obrero, nacido de discusiones y debates en los lugares de trabajo.
Por otro lado, la falta de discusión sobre las paritarias está generando, debate en los lugares de trabajo, porque al tener básicos que rondan los $32.000 se hace muy difícil la vida e incluso cumplir con los protocolos que se impulsan desde el estado y las fábricas: los compañeros optan entre comer o comprar desinfectantes. Es por eso que en el mes de junio, algunas seccionales, en su mayoría del interior del país, se descuelgan del secretariado nacional.  En el caso de Córdoba, desde la seccional impulsan un pedido a las patronales de una “ayuda de $10.000” a cuenta de futuras paritarias, pedido que creemos insuficiente por que no es un aumento que vaya al básico y quede como parte del salario. Además, es un saludo a la bandera ya que no se proponen medidas para garantizarlo, puro confeti para descomprimir la bronca.
Por su parte, la UOM nacional adelantó que buscará retomar las paritarias congeladas en el marco de la pandemia y pedirá un bono especial de $10.000 para empezar a recomponer los ingresos. Los metalúrgicos tenemos que impulsar la reapertura de paritarias y realizar asambleas por sector para elegir delegados paritarios, partiendo de la base de que el obrero con la categoría más baja de nuestra rama debe ganar lo que equivale a la canasta básica y que los salario tengan una indexación mensual para que la inflación no supere el sueldo.

Traiciones de la burocracia y experiencias de lucha

Por su parte, la UOM Córdoba está siendo muy cuestionada por su línea, ya que se han sucedido despidos de trabajadores contratados. Incluso hay patronales que no han abonado ni siquiera las suspensiones acordadas, pagando en partes. Tal es el caso de la autopartista Montich (produce autopartes para las diferentes terminales instaladas en la provincia) donde desde que comenzó la cuarentena les abonan un 60% de sueldo. También a tener en cuenta es lo que sucedió las últimas semanas en las autopartistas Fama, Fumicor y Servicios Industriales, donde estando algunos compañeros suspendidos y otros trabajando, les pagaban sumas de $4.000 por quincena. Estas empresas funcionan en el mismo predio y son propiedad de la misma familia. Al abonar los $4.000, lo hicieron a todo el personal, incluyendo a los compañeros suspendidos y a los que estaba trabajando también. El chamuyo para justificar esto: como  la única planta que estaba trabajando era Fama, la plata que entraba la estaban “distribuyendo” entre todos los trabajadores para que todos, suspendidos y convocados, cobraran algo. ¡Cinismo patronal del peor para sembrar divisiones de parte de los zánganos que viven de nuestro trabajo!
Los compañeros, luego de hacer reclamos primero a los delegados (que no iban a trabajar ni daban solución a los pedidos), reclaman al gremio que se presente. Aparece uno de los dirigentes de la UOM y hace una asamblea, pero no se define ningún plan de acción para garantizar el pago del sueldo. El sindicato actuó como vocero de la empresa, tirando la línea de que la pandemia frenó la economía y que venía complicada la mano hasta octubre, fecha donde estarán comenzando a producir autopartes para el nuevo proyecto de pick up de Renault.
Dos semanas después, la situación que detona la lucha es la falta de pago del aguinaldo. Los compañeros van a las paradas de líneas y luego aparecen los dirigentes de la UOM, hacen asambleas donde se define quedar en asamblea permanente por dos días y finalmente hacer una toma de fábrica de un día en reclamo por lo adeudado. La empresa afloja y ofrece pagar el aguinaldo en dos veces y lo adeudado del sueldo de una sola vez. La patronal quiso mostrarse dura y no quería pagar los días de protesta y toma (dos días y medio), pero terminó ofreciendo $3.000 en forma no remunerativa.
Esta importante experiencia nos demuestra el rol que juega la burocracia sindical y sus delegados, y también que se puede luchar y que luchar da sus frutos. Pero también que es necesario recuperar la dirección del sindicato y los cuerpos de delegados, porque de lo contrario la burocracia, que no quería mover un dedo, es la que termina negociando por mucho menos de lo que podríamos haber conquistado. Nosotros luchamos y ellos negocian, eso no puede seguir así. Por eso el planteo de elegir delegados paritarios en asamblea e imponer veedores elegidos por la base en cualquier negociación con las patronales.

Congreso de emergencia de la UOM y paro provincial

La UOM seccional córdoba se niega a llamar a cualquier tipo de congreso o asamblea para unificar la pelea que tenemos que dar los metalúrgicos. Los activistas y delegados combativos que venimos enfrentando los ataques de la patronal en las fábricas debemos imponer un congreso de emergencia donde participen delegados con mandatos de las bases para proponer un plan de lucha para enfrentar despidos, suspensiones y conquistar la reapertura de paritarias.
Sabemos que estas exigencias no son sólo de nuestra rama. Trabajadores de UTA, SUOEM, SUTNA, Alimentación, Hospitales, AOITA, municipales de Jesús María, docentes, están saliendo a la pelea y dieron los primeros pasos enfrentando las medidas represivas que implica la cuarentena impuesta por la burguesía y avalada por la burocracia.
Para romper este cerco los trabajadores de todas las ramas tenemos que imponer un plenario provincial de delegados convocado por los sectores en lucha, que discuta un plan de lucha y un paro activo provincial, para frenar los despidos, flexibilizaciones, sueldos adeudados y por la conquista de todas nuestras demandas. Será parte del reagrupamiento de los sectores de vanguardia y de la preparación de oposiciones sindicales para recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos.

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¡No vamos a pagar la crisis con nuestras vidas!

    Hoy, los trabajadores de salud a nivel nacional salimos a la calle bajo el pedido de recomposición salarial, mejores condiciones de trabajo y EPP para todos. En Córdoba, se incorporan también el rechazo a las imputaciones a los médicos de Saldán y la derogación de la flamante Ley 10.694 de Schiaretti, que saquea los haberes de los jubilados y pensionados provinciales.
    A 81 días de iniciada la cuarentena, ni Nación, ni Provincia ni los municipios han atendido a las demandas que venimos exigiendo desde fines de marzo. Es mentira que han preparado al sistema de salud para afrontar la emergencia. Somos los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario los que nos exponemos para luchar contra el COVID-19 en condiciones insalubres, en muchos casos sin los EPP indispensables. Este sistema de salud mixto tripartito (estatal, privado, obras sociales) se sigue sosteniendo a base de precariedad laboral, falta de personal, traslados compulsivos, extensiones de la jornada laboral, falencias de infraestructura, escasez de insumos y extorsiones por parte de los directivos. Nos imponen las declaraciones juradas para luego responsabilizarnos de los contagios y “brotes”, llegando hasta imputaciones como en el caso de los médicos del geriátrico de Saldán. ¡Cínicos! Es la falta de preparación del sistema de salud la que lleva al alto porcentaje de contagios entre nuestros compañeros y compañeras, y son ellos los responsables, los gobiernos nacional, provincial, las patronales de la salud privada y sus cómplices de la burocracia sindical.

    Los únicos interesados en garantizar nuestra salud somos los propios trabajadores. Necesitamos organizarnos y luchar por:

  • Basta de pluriempleo: jornadas de 6 hs con salario inicial igual a la canasta básica indexada a la inflación. Bono por trabajar durante la pandemia para todos.
  • Fin de la precarización laboral: pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes, residentes y tercerizados.
  • ¡Más personal! Todo trabajador que ingrese en la emergencia debe ser incorporado a la planta. ¡Por un contrato único!
  • ¡Reincorporación de los despedidos!
  • ¡Basta de traslados compulsivos!
  • ¡Basta de aprietes! ¡Abajo las imputaciones! ¡No a la militarización del polo sanitario!
  • Hisopados semanales a todos los trabajadores de la salud. Presupuesto para infraestructura. EPPs en cantidad y calidad.
  • Delegados de Seguridad e Higiene elegidos en asamblea, que controlen el cumplimiento de las condiciones de salubridad. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad.
  • 82% móvil para los jubilados.

    Podemos ver la disposición a la lucha en las asambleas y reuniones de activistas en cada hospital, en las caravanas, en las marchas y concentraciones. Tenemos que organizarnos y profundizar el camino de la lucha en los lugares de trabajo. Llamamos a los sectores combativos y oposiciones sindicales dentro de los gremios del sistema de salud de Córdoba, ATE, UTS, ATSA, SEP, SUOEM y otros, a desarrollar esta lucha impulsando asambleas por servicios y generales en cada lugar de trabajo. Y a organizar plenarios y reuniones de delegados, tanto del sector privado como estatal de la salud, donde podamos discutir el estado de situación de la pandemia, los recursos que necesitamos, las novedades técnico-médicas para enfrentarla junto a otros sectores de trabajadores científicos que puedan brindar su aporte, ya que no podemos dejar la crisis sanitaria en manos del Estado burgués y los empresarios de la salud privada.
    Se impone hacer un llamado al conjunto del movimiento obrero a apoyar nuestra pelea y a salir en conjunto a la lucha para recuperar todo lo que nos vienen quitando desde que empezó la cuarentena. Por un CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE CON MANDATO, que barra con la tregua impuesta por la burocracia sindical a través del  PARO PROVINCIAL y un plan de lucha.
    Los trabajadores de la salud decimos: ¡no vamos a pagar la crisis con nuestras vidas! Junto con los trabajadores que enfrentan el ataque patronal en medio de la crisis, en este momento estamos en la primera línea, sí, pero de la lucha de clases.

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    Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 29 de mayo realizarán un nuevo paro nacional con jornada de movilizaciones en varias ciudades del país. Vuelven a ratificar los reclamos por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas).

    Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión. En Córdoba, la policía local reprimió una de las anteriores movilizaciones de los repartidores el 7 de mayo. A pesar de ello, las caravanas y protestas son cada vez más numerosas en Buenos Aires, Córdoba y La Plata y otras ciudades. También, se están coordinando acciones con trabajadores de reparto de otros países (Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España).

    Los trabajadores de reparto están abriéndose camino con sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudian el asesinato laboral de estas empresas, que con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Internamente ya debaten la necesidad de reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo, que usan y abusan estas empresas. Las conducciones de sindicatos como ASIMM (mensajeros) y APPS (sindicato de aplicaciones), relacionadas con el rubro, han sido puestas en evidencia porque jamás se han puesto al servicio de estas peleas.

Hecha la ley, hecha la trampa.

    Según hicieron trascender algunos diarios, el poder ejecutivo estaría armando un proyecto de ley para enviar al Congreso y legislar sobre la forma de contratación de estas aplicaciones. El “trascendido” no es menos oportuno. Este intento bonapartista del gobierno tendría un claro objetivo. No solo el de “regular” y recaudar. También y, sobre todo, el de limitar la organización de los repartidores y sus demandas. Según Ámbito Financiero, el proyecto busca establecer un régimen especial, que estaría incluso por debajo de la ley de contrato de trabajo.

    En los pasillos ministeriales, lejos de la lucha contra estas empresas, se apostan las conducciones burocráticas de APPS y ASIMM. No es de extrañar que quieran estampar la firma a espaldas de los repartidores con tal de quedar como representantes “legales” al amparo del gobierno.

    Del Congreso Nacional, del gobierno, de legisladores como los del PJ y Cambiemos, que votan contra el pueblo el pago de la deuda externa, o el arrebato de las jubilaciones a los jubilados, nada bueno podemos esperar los trabajadores. Tampoco se trata de proponer “otro proyecto de ley”. Mucho menos apostar a que el Ministerio de Trabajo "juegue" para el lado de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser discutidas por los mismos trabajadores. Detrás de estas maniobras, buscan que los trabajadores del reparto dejen de confiar en sus propias fuerzas y en la lucha, y la depositen afuera, en el gobierno, en las instituciones. 

Fortalecer la organización sindical con independencia del estado.

    Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas. Las patronales estarán, por el contrario, más dispuestas a negociar con el gobierno “cambiar algo para que nada cambie” mientras no tengan que reconocer la voluntad organizada de los trabajadores.

    Abriendo los ojos ante todos estos movimientos políticos, los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. Los medios para alcanzarlo deben ser debatidos conscientemente. Este debate, junto al programa de reivindicaciones y las medidas de lucha, deben ser resueltas por los mismos trabajadores. La última asamblea nacional ha votado impulsar la “realización de asambleas por zona y ciudad para elegir delegados con mandato”. Puede ser éste un gran impulso para avanzar en este camino.

    La lucha de los repartidores de las aplicaciones no está sola. Se desarrolla en medio de una serie de luchas obreras (Penta, mineros de Andacollo, textiles como Sedamil, Fadeté, trabajadores de la salud, etc.), que, aunque aún aisladas por la tregua de las burocracias sindicales de la CGT y CTA con el gobierno y las patronales, demuestran la potencialidad y voluntad pelea de nuestra clase en la situación. El 29 de mayo, día del Cordobazo, los trabajadores salen nuevamente a las calles. Todo el apoyo a los trabajadores de reparto, al paro y movilizaciones, a sus demandas, a su creciente organización.

 

 

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