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Teletrabajo en la Argentina: Precedente de la futura reforma laboral

Viernes, 07 Agosto 2020 10:03

La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.

¡No al teletrabajo!

Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral,  la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir  un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.

Tercerizados de los Call Centers
Enfrentemos la flexibilización y precarización laboral

Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses  (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad,  al mismo gobierno.

Efectivización de los tercerizados y fin a las agencias de empleo

Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!

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  • Del ítem aula a la reforma laboral docente

    El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

     

    La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

     

    La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

     

    La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

     

    Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

     

    Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

     

    -eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

    -eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

    -modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

    -modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

    -imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

     

    Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

     

    Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

     

    La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

     

    La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

     

    Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

     

    Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

     

    ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

     

    El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

     

    Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.

     

  • Blas Correas, nueva víctima de la represión del Estado

    Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
    Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
    Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.    
    También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
    Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.

  • Situación de la rama metalúrgica y autopartes de Córdoba

    En su desarrollo, la crisis capitalista y sus  efectos,  acentuados con la pandemia del COVID-19, vinieron  a  mostrar la estructura de un estado burgués y la forma en que la burguesía se garantizó el flujo de mercancías y mano de obra a las fábricas. Lo cierto es que con la excusa de la pandemia, tanto empresarios como burócratas sindicales aprovecharon para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y para tener un mayor control en los procesos productivos.
    Desde el 20 de marzo la UOM Córdoba (como otros sindicatos) cerró sus puertas, dejando vía libre a que las patronales que fueron habilitadas en período de aislamiento social, modificaran y planificaran cómo iba a ser el proceso productivo, dejando a los trabajadores expuestos a posibles contagios en medio de la pandemia. Las patronales, consciente de los efectos que iba a tener la pandemia, tanto en caídas de ventas como problemas de logística, con la venia de las burocracias pudieron acomodarse mejor para recibir el impacto.
    La UOM, por su parte, acordó una suspensión al 75 % “por whatsapp” ya que no hubo discusiones ni plenarios donde los obreros metalúrgicos debatieran sobre cómo serían las mismas o rechazarlas. Las cámaras empresariales ni amagaron un golpe para que Caló se bajara los pantalones. Todo trabajador que no fuera convocado por las patronales a trabajar como exceptuado, pasaba a estar suspendido de hecho, incluso los trabajadores considerados de riesgo. Otro elemento presente en el acuerdo de la UOM fue la posibilidad de llegar a acuerdos individuales entre trabajadores y patronales, por retiros voluntarios, que ya sabemos que son despidos encubiertos, a partir de la presión económica, falta de paritarias este año, sumado al atraso salarial acarreado por años de acuerdos.
    Las empresas comenzaron a convocar como era de esperar al personal más afín a sus intereses, impidiendo el retorno de delegados. Las convocatorias fueron en para modificar  puestos, delimitar zonas, colocar separadores de acrílico en los puestos que están a menos de un metro y medio, expendedores de alcohol en gel, etc., requisitos para que el C.O.E.(Centro de Operaciones de Emergencia, encargado de las habilitaciones en pandemia y aprobaciones de protocolos) les diera el ok.
    Habiendo preparado los lugares de trabajo y armado los protocolos, algunas empresas comenzaron a trabajar. En el sector autopartes, ligado a las automotrices, lo han venido haciendo hasta el día de hoy a media máquina, sin la totalidad del personal. Se han dedicado a sacar pedidos atrasados hasta el mes de julio, previendo que los programas de producción comenzarán en octubre. En el sector linea blanca (electrodomésticos y afines) se sintió menos el impacto. Han regresado la totalidad de los planteles excepto compañeros considerados de riesgo y compañeros que no tienen movilidad propia.
    Los metalúrgicos no podemos confiar en planes y protocolos que elabora una clase que tiene como único norte la obtención de ganancias apropiándose de la plusvalía que genera nuestra clase. Los protocolos están siendo aplicados en este ensayo reaccionario para disciplinarnos y quitarnos conquistas en búsqueda de un nuevo equilibrio que les permita mayores márgenes de ganancias en este periodo de crisis. Ante esta situación, los metalúrgicos tenemos que impulsar delegados de seguridad e higiene, comisiones independientes de seguridad e higiene y elaborar un protocolo obrero, nacido de discusiones y debates en los lugares de trabajo.
    Por otro lado, la falta de discusión sobre las paritarias está generando, debate en los lugares de trabajo, porque al tener básicos que rondan los $32.000 se hace muy difícil la vida e incluso cumplir con los protocolos que se impulsan desde el estado y las fábricas: los compañeros optan entre comer o comprar desinfectantes. Es por eso que en el mes de junio, algunas seccionales, en su mayoría del interior del país, se descuelgan del secretariado nacional.  En el caso de Córdoba, desde la seccional impulsan un pedido a las patronales de una “ayuda de $10.000” a cuenta de futuras paritarias, pedido que creemos insuficiente por que no es un aumento que vaya al básico y quede como parte del salario. Además, es un saludo a la bandera ya que no se proponen medidas para garantizarlo, puro confeti para descomprimir la bronca.
    Por su parte, la UOM nacional adelantó que buscará retomar las paritarias congeladas en el marco de la pandemia y pedirá un bono especial de $10.000 para empezar a recomponer los ingresos. Los metalúrgicos tenemos que impulsar la reapertura de paritarias y realizar asambleas por sector para elegir delegados paritarios, partiendo de la base de que el obrero con la categoría más baja de nuestra rama debe ganar lo que equivale a la canasta básica y que los salario tengan una indexación mensual para que la inflación no supere el sueldo.

    Traiciones de la burocracia y experiencias de lucha

    Por su parte, la UOM Córdoba está siendo muy cuestionada por su línea, ya que se han sucedido despidos de trabajadores contratados. Incluso hay patronales que no han abonado ni siquiera las suspensiones acordadas, pagando en partes. Tal es el caso de la autopartista Montich (produce autopartes para las diferentes terminales instaladas en la provincia) donde desde que comenzó la cuarentena les abonan un 60% de sueldo. También a tener en cuenta es lo que sucedió las últimas semanas en las autopartistas Fama, Fumicor y Servicios Industriales, donde estando algunos compañeros suspendidos y otros trabajando, les pagaban sumas de $4.000 por quincena. Estas empresas funcionan en el mismo predio y son propiedad de la misma familia. Al abonar los $4.000, lo hicieron a todo el personal, incluyendo a los compañeros suspendidos y a los que estaba trabajando también. El chamuyo para justificar esto: como  la única planta que estaba trabajando era Fama, la plata que entraba la estaban “distribuyendo” entre todos los trabajadores para que todos, suspendidos y convocados, cobraran algo. ¡Cinismo patronal del peor para sembrar divisiones de parte de los zánganos que viven de nuestro trabajo!
    Los compañeros, luego de hacer reclamos primero a los delegados (que no iban a trabajar ni daban solución a los pedidos), reclaman al gremio que se presente. Aparece uno de los dirigentes de la UOM y hace una asamblea, pero no se define ningún plan de acción para garantizar el pago del sueldo. El sindicato actuó como vocero de la empresa, tirando la línea de que la pandemia frenó la economía y que venía complicada la mano hasta octubre, fecha donde estarán comenzando a producir autopartes para el nuevo proyecto de pick up de Renault.
    Dos semanas después, la situación que detona la lucha es la falta de pago del aguinaldo. Los compañeros van a las paradas de líneas y luego aparecen los dirigentes de la UOM, hacen asambleas donde se define quedar en asamblea permanente por dos días y finalmente hacer una toma de fábrica de un día en reclamo por lo adeudado. La empresa afloja y ofrece pagar el aguinaldo en dos veces y lo adeudado del sueldo de una sola vez. La patronal quiso mostrarse dura y no quería pagar los días de protesta y toma (dos días y medio), pero terminó ofreciendo $3.000 en forma no remunerativa.
    Esta importante experiencia nos demuestra el rol que juega la burocracia sindical y sus delegados, y también que se puede luchar y que luchar da sus frutos. Pero también que es necesario recuperar la dirección del sindicato y los cuerpos de delegados, porque de lo contrario la burocracia, que no quería mover un dedo, es la que termina negociando por mucho menos de lo que podríamos haber conquistado. Nosotros luchamos y ellos negocian, eso no puede seguir así. Por eso el planteo de elegir delegados paritarios en asamblea e imponer veedores elegidos por la base en cualquier negociación con las patronales.

    Congreso de emergencia de la UOM y paro provincial

    La UOM seccional córdoba se niega a llamar a cualquier tipo de congreso o asamblea para unificar la pelea que tenemos que dar los metalúrgicos. Los activistas y delegados combativos que venimos enfrentando los ataques de la patronal en las fábricas debemos imponer un congreso de emergencia donde participen delegados con mandatos de las bases para proponer un plan de lucha para enfrentar despidos, suspensiones y conquistar la reapertura de paritarias.
    Sabemos que estas exigencias no son sólo de nuestra rama. Trabajadores de UTA, SUOEM, SUTNA, Alimentación, Hospitales, AOITA, municipales de Jesús María, docentes, están saliendo a la pelea y dieron los primeros pasos enfrentando las medidas represivas que implica la cuarentena impuesta por la burguesía y avalada por la burocracia.
    Para romper este cerco los trabajadores de todas las ramas tenemos que imponer un plenario provincial de delegados convocado por los sectores en lucha, que discuta un plan de lucha y un paro activo provincial, para frenar los despidos, flexibilizaciones, sueldos adeudados y por la conquista de todas nuestras demandas. Será parte del reagrupamiento de los sectores de vanguardia y de la preparación de oposiciones sindicales para recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos.

  • 21 días de Paro del transporte Urbano - NO hay que aceptar el acta

    Este martes 21 de julio se firmó un acta acuerdo entre las patronales, el municipio y el sindicato para cerrar un conflicto muy duro, que incluyó grandes movilizaciones, represión y una demostración de la fuerza de nuestra clase. Es un acuerdo tan precario como la posición que tuvo todo el tiempo la burocracia al frente del sindicato. No hay que aceptar la paz social, plasmada en un acuerdo que hasta ahora no se votó en ninguna asamblea.

    Nosotros luchamos, ellos negocian

    Si los trabajadores somos los que salimos a luchar y ponemos el cuerpo en las calles contra la represión que nos mandó Llaryora y su padrino Schiaretti, ¿por qué vamos a aceptar que luego sea Esteban la que se siente a negociar? Fue a esa mesa sin mandato de ninguna asamblea, y tampoco consultó a la base lo que terminó firmando. De cara a las negociaciones, necesitamos elegir delegados paritarios con mandatos de asamblea o veedores para evitar que sigan negociando a nuestras espaldas. Sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo precario tiene fecha de vencimiento… no sólo porque está firmado hasta octubre sino también porque nada garantiza que patronales y gobierno no vuelvan a la carga incluso antes.

    Un acuerdo precario

    El acta firmada por Esteban y Farías, si bien refleja el fracaso de las jetoneadas de Llaryora que no logró imponer su plan de contingencia a partir de las reformas votadas el viernes en el consejo deliberante y el accionar de carneros, deja precedentes complicados. No se avanza en la reducción horaria y la rebaja salarial, es cierto. Pero al mismo tiempo el acta dice que “la entidad sindical reconoce que se están prestando solo el 50% de los servicios, transportando el 12% de los pasajeros habituales, y con un costo operativo del 87% de la capacidad plena del Sistema de Trasporte”. ¡Esos son los argumentos de la patronal y el municipio para hacernos pagar su crisis! Sobre esos argumentos, que no nos constan a los trabajadores porque las empresas mantienen su contabilidad bajo secreto comercial, avanzan sobre los adelantos mensuales, la posibilidad de utilizar vacaciones y licencias para adecuar el supuesto “esquema de emergencia”, realizarán descuentos a los trabajadores licenciados por sus condiciones de salud en la pandemia (descuentos que llegan a los $15.000) y finalmente abren la puerta a atrasos de todo tipo en los días de pago subordinándolos a los más que seguros atrasos en el giro de los subsidios que vienen de Provincia y Nación. Con esos “ajustes” salariales y de las licencias quieren que los trabajadores sean la variable para adecuar el sistema a la coyuntura de pandemia. Incluso llegaron a hacer correr el rumor de que efectivizarían a los compañeros fuera de convenio (¿porqué esto no estaba en el acta?), y luego aclararon que se trata solo de una bancarización del pago de los salarios, ¡se nos ríen en la cara!

    ¡No tenemos que comprar los llantos de la FETAP! Hay que abrir los libros contables de las empresas (Ersa, Aucor, Coniferal y Tamse) para verificar como la vienen levantando en pala a costa de nuestro trabajo, del boleto más caro del país y de los subsidios que les manda el Estado. Lo que firmó la burocracia de la UTA con las empresas y el municipio es un acuerdo para frenar el desarrollo de la lucha de los trabajadores.

    Que las asambleas definan la continuidad del paro

    Muchos compañeros piensan que se puede continuar la lucha, para que Llaryora retroceda mucho más en su línea antiobrera. La lucha la protagonizaron los trabajadores, son los trabajadores quienes tienen que definir si se aceptan o no las condiciones del intendente y las empresas. O si hay suficientes fuerzas para que no haya NINGÚN descuento salarial ni se toquen las LICENCIAS y se consiga la real EFECTIVIZACIÓN del personal fuera de convenio.

    Es necesario hacer asambleas en cada punta de linea y una gran asamblea general frente a la UTA para discutir el acta firmada por la burocracia. Hay que rechazar de plano la claúsula de paz social que nos deja desarmados para lo que se viene. Y preparar las fuerzas de los trabajadores echando a los enemigos en nuestras propias filas, la burocracia sindical, de la conducción de la UTA. Hay que construir una oposición para recuperar el sindicato, lo que nos permitirá enfrentar en mejores condiciones el plan de Llaryora y la FETAP.

    21/7/2020

    COR

    Corriente Obrera Revolucionaria

    Regional Córdoba

  • ¡Paro Provincial para que triunfe la UTA!

    ¡No a la extorsión de Llaryora y la FETAP!
    ¡Paro Provincial para que triunfe la UTA!

    El conflicto de los trabajadores del transporte de pasajeros de Córdoba viene de vieja data. Pero la pandemia lo potenció. Mientras los compañeros de AOITA están de paro desde el inicio de la cuarentena, enfrentando un virtual lock out patronal-gubernamental, los choferes, trolebuseras y demás trabajadores de los colectivos de la capital están enfrentando el ataque de las patronales agrupadas en FETAP (ERSA-AUCOR y CONIFERAL) y de la municipalidad. Llaryora, en pocos meses, batió todos los récords en cuanto a ataques a los trabajadores, sumados al recorte a las jubilaciones de su jefe político Schiaretti.
    Los municipales del SUOEM están en pié de lucha, aunque la conducción muestra deseos de levantar las medidas con muy poco. Frente a esto, Llaryora piensa que puede acorralar a la UTA, sabiendo que la burocracia nacional de Fernández-Kiener y la conducción local están dispuestos a entregar el salario y el aguinaldo bajo amenaza de despidos y baja de corredores. Este tipo de extorsiones las vemos día a día, en todas las ramas de la economía (estatales, industria, servicios). Dicen que “todos” tenemos que poner algo... ¡Es una mentira, nos quieren hacer pagar su crisis!
    Ha trascendido que la oferta de Llaryora para frenar la lucha de la UTA, que lleva más de 12 días y gana su fuerza en las asambleas: para los trabajadores, rebaja salarial, pago del aguinaldo en cuotas y cambio en el cronograma de los pagos. Para la FETAP, subsidios nacionales, provinciales y municipales. ¿Esto es que “todos” pongan algo? No, es una provocación.
    Todo el movimiento obrero cordobés, que vemos la tregua escandalosa de los “dirigentes”, tenemos la mirada puesta en el desarrollo de la lucha de ustedes compañeros. Porque se pueden enfrentar las extorsiones. Se puede vencer. Y los trabajadores de la UTA pueden convocar desde el lugar que legítimamente se han ganado en la lucha, y así buscar el apoyo del conjunto de nuestra clase, a un gran plenario regional para derrotar el ataque de Llaryora, Schiaretti, Alberto Fernández y las patronales.

    PROPONEMOS tres mociones para el triunfo de la UTA

    1. Rechazo de la propuesta extorsiva del municipio y la FETAP. La contra-oferta de los trabajadores: no a la rebaja salarial ni al pago en cuotas del aguinaldo ni a la baja de ningún corredor.
    2. Elección de nuevos delegados o ratificación de los actuales a partir de asambleas en cada empresa. Que los delegados con mandato de las asambleas sean los que se sienten a negociar.
    3. Convocatoria desde la UTA en lucha a un Plenario Regional de Delegados mandatados por la base, de todo el movimiento obrero de Córdoba capital, para votar un programa y un plan de acción con un PARO ACTIVO PROVINCIAL para derrotar el ataque del gobierno y las patronales. Invitar a los trabajadores del interior a realizar plenarios análogos en los diferentes departamentos de la provincia.

    COR - Regional Córdoba

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