La cuarentena no nos protege

Los trabajadores de la educación y la pandemia.

Transitamos la segunda semana de suspensión de clases presenciales en el marco del “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional. Fundamentadas como medida frente a la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, las restricciones a la circulación de personas impuestas por el decreto nacional 297/2020, como toda norma legal en el sistema capitalista, tiene ese barniz de igualdad ante la ley, pero impuesta sobre una realidad social de enorme desigualdad.

El gobierno estableció excepciones para dar cuenta de algunas de esas desigualdades, pero no precisamente en favor de los millones que conforman la población asalariada y pauperizada. Si no para salvaguardar el poder de las patronales de disponer sobre la circulación de bienes y de la fuerza de trabajo necesarios para la reproducción del capital. Y es tan arbitrario y evidente el carácter burgués del semi Estado argentino, que las patronales pueden emitir “salvoconductos” para que sus empleados puedan ir a trabajar, pero se pretende que los sindicatos no hagan lo propio con dirigentes y delegados de base para el ejercicio de la representación de los intereses de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Ha calado tan hondo el discurso de la “unidad nacional contra la pandemia” que milita el peronismo gobernante y la oposición, que ninguna de las conducciones sindicales cuestiona la autoridad de este Estado para disponer medidas de control sobre la población trabajadora. Al contrario, se proclaman garantes de la cuarentena que es una medida estatal impuesta claramente contra los métodos obreros, manteniendo cerrados los locales sindicales, y reclamando que se garantice la cuarentena de todos y todas.

La cuarentena es una medida estatal antiobrera. Es antiobrera para más de la mitad de la población sumida en situación de pobreza, a quienes pretenden aislar en las villas a cambio de una asistencia alimentaria a todas luces insuficiente. Es antiobrera para el 40% de los trabajadores informales, ya más vulnerables de por sí a la arbitrariedad patronal, y que ahora soportan el hostigamiento de la policía y mayores abusos patronales. Es antiobrera para el personal de la salud, que sigue trabajando en los mismos hospitales con infraestructura deficiente e insalubres y con recursos insuficientes, precarizados y ahora soportando medidas de superexplotación. Es antiobrera para los trabajadores de la producción y los servicios, a quienes se extorsiona para ceder conquistas a cambio de sostener el empleo.

Una mayoría de los trabajadores de la educación formales pasamos a cumplir tareas desde nuestras casas, bajo innumerables disposiciones arbitrarias de sobrecarga de trabajo y funciones, y asumiendo nosotros mismos los costos de conectividad. Mientras otra abstracción se cayó a pedazos: la idea de la escuela como igualadora. La educación virtual se topó con la realidad de la desigualdad social, y la “continuidad pedagógica” quedó interrumpida para miles de estudiantes sin conectividad, ni computadora personal o celular. Otras urgencias ocupan el primer lugar, como alimentarse.

Sin embargo, el personal de miles de escuelas en todo el país se ve en la tarea de sostener la provisión de alimentos de su comunidad educativa, ya de por sí muy magros alimentos, sin medios ni recursos de protección sanitaria. Mientras las familias que viven lejos de la escuela, no tienen cómo justificar ni llegar a buscar los alimentos, y nuestros estudiantes jóvenes y adultos son multados y detenidos por intentar sustentarse en la informalidad.

Esta situación vulnera gravemente al personal informal y/o precarizado en un sistema educativo profundamente heterogéneo (seos, suplentes, contratados, etc), porque mientras las bajas se producen, no hay llamados para cubrir licencias ni vacantes. Y el conjunto continúa trabajando, con las paritarias suspendidas y sin plazos de reanudación, bajo amenaza de descuentos arbitrarios, y con los conflictos provinciales sin resolución, con el caso de Chubut como ejemplo extremo de una crisis ya abierta, y a la que se deslizan las demás provincias.

¡Abajo la cuarentena!

No es fortaleciendo al Estado burgués mediante la colaboración de clases, que lograremos enfrentar esta crisis sanitaria. Toda línea de colaboración con el Estado y con los capitalistas, bajo la idea de unión nacional, es una política reaccionaria, y pagaremos muy pronto y muy caro las consecuencias de ella. Los retrocesos en términos de organización sindical, todo lo que cedamos en cuanto a condiciones de trabajo, suspensiones, polifuncionalidad, congelamiento o recortes salariales, etc., en nombre de la “emergencia” y la “solidaridad”, buscarán ser consolidados por el Estado y las patronales en nombre de su “recuperación económica” posterior a costa nuestra.

¡El aislamiento social de CTERA lleva un año! Primero para asegurar que la bronca se exprese en las urnas, después para garantizarle a Alberto la tregua de 180 días y el normal inicio de clases. Ahora, Alesso nos llama a esperar en casa, mientras su aliado menor, el PCR, plantea que hay que colaborar en “garantizar la disciplina social”.  Las seccionales y sindicatos recuperados, así como las listas y delegados antiburocráticos debemos ponernos a la cabeza de prepararnos para romper la cuarentena y toda medida estatal de disciplinamiento y colaboración de clases, y enfrentar a la burocracia que actúa cual policía en nuestras organizaciones.

¡Los sindicatos deben estar abiertos! Y deben convocarse a reuniones de delegados, con las medidas de resguardo sanitario correspondientes, garantizando salvoconductos para su circulación. Si las escuelas siguen cerradas o se abren, así como para qué abrirlas, cómo y cuándo es una decisión que debemos tomar los trabajadores. Necesitamos poner en pie instancias de deliberación y resolución de medidas defensa de la integridad de la población trabajadora, y de planes de lucha para imponerlas.

Los únicos interesados en preservar la salud de la población somos los trabajadores. El despliegue de fuerzas policiales y de gendarmería en las calles es una medida de control de la población trabajadora, y de resguardo de la circulación de mercancías y de mano de obra bajo las necesidades del capital. La única posición correcta es repudiar su presencia. Debemos exigir su retiro de las calles, así como el levantamiento del aislamiento, imponiendo el paro general como medida de paralización de actividades, conjuntamente con el control obrero de todas las ramas de actividad que son esenciales para la población trabajadora, en condiciones que aseguren la protección de la salud de quienes trabajan en ellas.