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El Estado mendocino asfixia a la juventud

Sábado, 26 Septiembre 2020 15:19

En la tarde del viernes 25/9 se reunió medio centenar de jóvenes en el Parque General San Martin, movilizaron hasta la casa de gobierno de Mendoza para reclamar la reapertura del Skatepark de la ciudad. Allí fueron recibidos por funcionarios. La movilización concluyó en el skate park del Parque O´Higgins, donde fueron fuertemente reprimidos por preventores de la ciudad y la policía provincial. Golpes, balas de goma, y un desproporcionado despliegue de agentes y móviles concluyó con una decena de jóvenes heridos y una veintena de detenidos. Desde la COR acompañamos en la puerta de la comisaría 3era a los jóvenes que se movilizaron junto a familiares de los detenidos, hasta lograr la liberación de todos. Ahora la tarea será pelear contra las acusaciones judiciales que la fiscalía anticipó que vendrán.

 

El Skatepark del parque O´Higgins fue construido por el radicalismo en un área periférica de la ciudad para sacar a la juventud del microcentro de Mendoza, donde se reunían en Plaza San Martín, este proceso contó con decenas de represiones. Desde el comienzo de la cuarentena este parque se encuentra cerrado y los jóvenes han tenido que realizar sus actividades deportivas en distintos puntos de la ciudad como el Parque San Martín o la plaza Yrigoyen donde se han registrado multas recaudatorias y hechos de represión sistemática por parte de los preventores y la policía. La cuarentena, ha sido utilizada por el Estado Provincial y Nacional para controlar a la población y asegurar al capital la circulación de mercancías y mano de obra, preservando del colapso su sistema sanitario. Desde el comienzo de la cuarentena, más de 100 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, torturadas en las comisarías, contando dos casos extremos de detenidos, desaparecidos y asesinados bajo responsabilidad policial: Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires.

 

Los deportes individuales están permitidos en los gimnasios pagos y clubes exclusivos para la práctica del tenis. En cambio, los deportes sociales y mayormente practicados por la juventud obrera están prohibidos, para nuestras pibas y pibes el Estado Nacional y provincial solo ofrece represión, hostigamiento, desempleo. Como señalamos en el conflicto de los municipales en mes de julio pasado, los preventores son fuerzas auxiliares que están al servicio de la represión policial, están como uña y mugre en manifestaciones, desalojos, etc. Lo que señalamos en ese momento, volvió a confirmarse en este accionar conjunto de represión a la juventud. Debemos luchar por la disolución de las fuerzas represivas del estado, el cuerpo de preventores debe desarticularse y quienes lo integran deben incorporarse en otras tareas municipales.

 

En momentos donde el gobierno provincial pretende imponer una reforma educativa y laboral docente, hablando del futuro de la educación para “nuestros niños y jóvenes”, la juventud hoy, al igual que los trabajadores, no tiene permitido manifestarse en las calles, no tiene asegurado su presente de subsistencia sumido en la pobreza, la desocupación y la criminalización por parte del gobierno. Ese proyecto de ley de educación sólo ofrece la profundización del evidente carácter de clase capitalista de la educación. Su complemento, es la realidad de desocupación, informalidad, salarios de miseria y precarización laboral de los jóvenes, quienes, en diferentes sectores como los trabajadores de reparto, vienen dando peleas para poder sindicalizarse. Instamos a los centros de estudiantes secundarios y universitarios, a las federaciones, a las agrupaciones de la izquierda, a debatir seriamente los problemas de la juventud trabajadora. Impulsemos asambleas para preparar una fuerte campaña de repudio a la represión a los jóvenes en el Parque O´Higgins y por su no acusación. Por la expulsión de la policía y preventores de los lugares de estudio y recreación de la juventud. Unifiquemos acciones en la lucha por el rechazo al proyecto de educación provincial. POR UN GRAN PARO DOCENTE ESTUDIANTIL.

 

En Estados Unidos, Colombia, Bielorrusia, etc… los jóvenes son parte central de las luchas en contra de la policía, que mientras aumenta la crisis del capitalismo muestra descaradamente su misión de contener y aplacar las manifestaciones a cualquier precio. No debemos permitir que sigan aplastando a nuestra juventud, basta de gatillo fácil, basta de persecución, luchemos por la disolución de las fuerzas represivas del estado, tiremos abajo el código contravencional de Cornejo – Suárez.

 

¡Fuera la policía de los lugares de estudio y recreación de la juventud!

 

 

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  • El Ministerio de Trabajo y los protocolos del COE, al servicio de las patronales contra la lucha obrera

      El ministerio de trabajo de la provincia, encabezado por Omar Sereno, amenaza a la UOM Córdoba de denunciar penalmente a 2 trabajadores de la empresa WEG equipamientos y a un miembro de la comisión directiva. La denuncia estaría fundada en que los trabajadores de la fábrica de motores eléctricos habrían violado el protocolo sanitario de la empresa y el COE en el transcurso de medidas de fuerza que venían llevando a cabo por un pedido de una mejora económica ante la miserable paritaria firmada por Caló a nivel nacional. Queda al desnudo el rol del ministerio, que lejos de ser un árbitro en los conflictos entre trabajadores y patronales, juega abiertamente del lado de estas, imponiendo una conciliación obligatoria para desactivar las medidas para luego… amenazar a los trabajadores con el código penal.
      Mientras tanto, el COVID-19 se esparce en los lugares de trabajo, incluídas varias fábricas de la UOM, porque los protocolos de las empresas y el COE están hechos solo a fin de culpar a los propios trabajadores ante los contagios, deslindando las responsabilidades de las patronales y las ART. Mientras los trabajadores se ven obligados a amontonarse en líneas de producción, talleres y otros espacios, las empresas declaran que los tapabocas caseros son infalibles, no toman las medidas de organización de los turnos necesarias ni hacen las obras de infraestructura correspondientes. Todo va en el mismo sentido: maximizar la ganancia y bajar todo “costo” que en este caso son las medias de seguridad e higiene para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias… y luego si hay contagios, no solo no se hacen cargo, sino que llaman al ministerio de trabajo para que nos amenace con el código penal.

    Por comisiones de seguridad e higiene
    Abajo la denuncia penal de Sereno

      No podemos confiar ni un segundo en los protocolos del COE y las empresas. Ya está demostrado que el supuesto “plan” sanitario del gobierno nacional con su cuarentena, y del COE provincial con su “ocupación quirúrgica” de barrios y pueblos, no ha evitado que estemos ante un récord de contagios y muertes. Debemos impugnar esos protocolos, votar en asambleas nuestra propia propuesta de medidas de protección y elegir comisiones de seguridad e higiene para garantizar su cumplimiento. Las medidas deben incluir hisopados PCR (los únicos tests que sirven para diagnóstico específico) para los trabajadores y aislamiento de todos los contactos estrechos de los casos positivos. Esto debe sumarse a todos los reclamos que vienen levantándose en las fábricas: salario que supere la línea de pobreza, pago al 100% del salario a los compañeros con licencias médicas, fin de los despidos y suspensiones, reincorporación de los despedidos. Hay que sumar una nueva reivindicación: abajo la denuncia penal contra los compañeros de WEG, es un ataque a nuestro sindicato y a todos los metalúrgicos.
      Debemos tener en claro, no sólo en la rama metalúrgica sino en todas las ramas, que a Schiaretti, a Alberto y a los empresarios no les importan nuestras vidas. Para frenar el avance de la pandemia y la intención de hacernos pagar la crisis, se impone avanzar en la medida del paro general hasta que se cumplan nuestras demandas.

    COR - Regional Córdoba

  • Del ítem aula a la reforma laboral docente

    El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

     

    La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

     

    La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

     

    La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

     

    Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

     

    Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

     

    -eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

    -eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

    -modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

    -modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

    -imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

     

    Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

     

    Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

     

    La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

     

    La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

     

    Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

     

    Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

     

    ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

     

    El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

     

    Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.

     

  • Por una salida obrera al problema de la vivienda.

    Durante los últimos meses, y sobre todo ante el agravamiento de la pandemia, asistimos a masivas ocupaciones de tierras por parte de algunos sectores de la clase obrera: desocupados, precarizados y de las franjas más empobrecidas de la población, se asientan en grandes extensiones de tierra (algunas de propietarios privados, otras fiscales, muchas en litigio), con el objetivo de acceder a una pequeña parcela, la que en algún futuro indeterminado les permita el acceso a la construcción de una vivienda propia.

    Si bien el proceso es de extensión nacional, el epicentro y la mayor masividad de dichas tomas se da en diferentes zonas de Provincia de Buenos Aires. Sólo en la región de La Plata hay al menos 20 tomas. Y en la toma del distrito de Pte Perón, en la localidad de Guernica, hay más de 10.000 personas. Al menos cuatro tomas ya fueron desalojadas mediante la brutal represión de la Policía Bonaerense, y sobre la toma de Guernica está pendiente una orden de desalojo, a efectivizarse a partir del 23 de septiembre.

    "No hay grieta en la defensa de la propiedad privada de la tierra"

    Algo significativo ha sido la defensa cerrada de todas las corrientes burguesas respecto a la propiedad privada de las tierras ocupadas.

    En el peronismo gobernante, desde el fascistoide Berni (que responsabilizó de las tomas a sectores de la izquierda e incluso a integrantes del Frente de Todos, como el Movimiento Evita y el M.t.e. de Grabois); pasando por el "progresismo" de Kicillof y la Ministra de Seguridad de la Nación, Silvia Federici; hasta los intendentes pejotistas del Conurbano bonaerense, todos coinciden en la necesidad de "imponer orden" y avanzar con el desalojo de las tomas de tierras.

    Mención aparte merece el Frente Renovador de Massa, quién solicitó que la Anses dé la baja de los planes sociales (AUH, IFE) a quienes incurran en ocupaciones. Hace pocos días, a instancia de un diputado del F.R., la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a una ley que establece no sólo la baja de los beneficios sociales, sino el impedimento de acceder a cualquier plan de viviendas del IPV, a aquellos que participen de "usurpaciones ilegales de terrenos".

    Por el lado de la oposición burguesa de Juntos por el Cambio, referentes y dirigentes tanto del Pro como de la UCR han levantado sus voces para condenar las tomas y defender el derecho propietario de los "dueños" de las tierras. Incluso acusan al Gobierno y a sectores de la Justicia por "dilatar los tiempos" y no avanzar de inmediato con el desalojo y la represión a los "ocupantes".

    Todo esto demuestra que cuando se trata de defender los intereses de clase, y la sacrosanta propiedad privada, no hay grietas entre las diferentes facciones burguesas.

    "La discusión respecto a la vivienda obrera"

    Si se tienen en cuenta los datos manejados por los organismos estatales dedicados a la problemática, antes del inicio de la pandemia se registraba un "déficit habitacional" de más de 3,5 millones de familias. Esto da nota de que la imposibilidad del acceso a la vivienda obrera, es sin dudas uno de los mayores problemas sociales en la sociedad capitalista, lo que se ve agravado en países semicoloniales como Argentina.

    Desde algunas corrientes de la izquierda se intenta desarrollar una discusión programática al respecto. En este sentido, el PO plantea: "creación de un banco de tierras disponibles, expropiación de la tierra ociosa e improductiva, reconocimiento de la tierra de las comunidades originarias, por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio para la construcción de un millón de viviendas populares, con recursos del no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas".

    El problema que no resuelve este planteo, ni intenta hacerlo, es la imposibilidad de reformas profundas y duraderas en el tiempo, dentro de los márgenes del Estado burgués y la sociedad capitalista. La idea de “un plan” al que hay que buscarle financiación capitalista, es una falacia; es alimentar ilusiones de que el capital puede de la mano del estado burgués, como milita Grabois, cumplir un rol progresivo.

    Desde la COR sostenemos que el problema de la vivienda y la propiedad de la tierra no está escindido del problema general de propiedad privada de los medios de producción y de subsistencia. Por lo tanto, la única forma de dar resolución a la acuciante necesidad de acceso a la vivienda de grandes sectores de la clase trabajadora, es la perspectiva de que los sectores de la vanguardia obrera incluyan en su programa la lucha por la expropiación de las grandes extensiones territoriales, hoy en manos de los capitalistas y terratenientes; también de las casas de lujo o con capacidad para a alojar allí a los obreros sin vivienda o que viven hacinados.

    Dicha lucha debe ir de la mano de la pelea por la expropiación de los grandes medios de producción, incluidos los de la producción de viviendas (construcción y materiales), disputando el control de los mismos en el corazón del poder capitalista, la economía.

    Todo el apoyo a las tomas. No al desalojo. Abajo la represión.

    Por un programa obrero.

    C.O.R.

  • Verdad y justicia para Facundo

    El cuerpo hallado en Villarino el 15/8 pasado, es de Facundo Astudillo Castro. El EAAF confirmó su identidad, y su madre recibió hoy la información oficial de parte de la jueza, luego de soportar una nueva operación del aparato de la inmundicia policial/judicial/servicios y sus voceros a sueldo el lunes pasado.

    Desde el 30/4 Cristina Castro busca a su hijo Facundo, señalando claramente la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada, la responsabilidad del Fiscal Ulpiano Martínez, de la jueza María G. Marrón y del ministro Berni en el entorpecimiento de la investigación y en el amparo e impunidad del accionar policial. Y en cada acción de la Justicia y del poder político, confirma lo que venimos denunciando en las calles: FUE LA POLICÍA.

    La muerte de Facundo es responsabilidad policial, pero hay que ser muy claros en esto: el accionar policial es el resultado de la implementación en todo el territorio de una política estatal reaccionaria de control de la circulación de las personas, la cuarentena. La decisión del gobierno del Frente de Todos de hacer frente a la pandemia, imponiendo el control estatal de la circulación de la población mediante el despliegue de sus fuerzas represivas y de seguridad en rutas, calles y barriadas, tuvo como resultado más de 100 muertes por gatillo fácil y en custodia de fuerzas de seguridad (muerte en comisaría), incluyendo desaparición forzada seguida de muerte como en el caso de Facundo, y antes de Luis Espinosa en Tucumán.

    Esto es central porque, para contener la crisis política que implica la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Facundo, desde la coalición de gobierno barajan desde una purga en la conducción de la bonaerense, que puede incluir la salida de Berni para descomprimir la bronca, hasta un proyecto de reforma policial. Para eso Alberto ya tienen en marcha una inyección millonaria de recursos para fortalecer el aparato policial, que necesitan apuntalar para afrontar la crisis social en el conurbano y en las provincias frente a la aceleración de la pauperización y las tensiones a que da lugar el descalabro económico y sanitario.

    La línea de fortalecer y preservar el aparato burocrático militar es una tendencia internacional de la burguesía, para afrontar los agudos procesos de masas más abiertos, o más en ciernes, que amenazan su dominio. En oposición, el planteo de DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA que discuten los sindicatos y el movimiento Black Lives Matter en EEUU, y la exigencia de expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras, son discusiones programáticas centrales del proletariado a nivel internacional, que deben orientar la discusión de la vanguardia respecto a cómo derrotar los planes de los gobiernos burgueses de preservar sus sistemas, de patear la crisis para adelante, y de avanzar con sus planes de reformas antiobreras. La consigna “Fuera Berni” es errada, porque centra el accionar político de las organizaciones políticas, sindicales y sociales en un cambio de fusible político, que en lo inmediato sólo serviría para descomprimir, preservando incluso a la coalición gobernante.

    Los revolucionarios tenemos la responsabilidad de llevar al interior de las organizaciones obreras y sociales nucleadas en la CTA, la tarea de expulsar los sindicatos policiales de la central. Tenemos la responsabilidad de batallar por conquistar verdad y justicia para Facundo con nuestros métodos, imponiendo con un paro general, la creación de una comisión investigadora independiente.

    El gobierno del Frente de Todos no puede garantizar independencia de poderes, imparcialidad, ni ninguna otra abstracción burguesa en su promesa de castigo a los responsables de la muerte de Facundo. No será el peronismo que ayer forjó la Triple A, que tiene una larga lista de desaparecidos en democracia bajo su gobierno y responsabilidad, que abrazó genocidas como Milani, y que hoy unta con miles de millones a una policía que suma un centenar de pibes asesinados por gatillo fácil, quien pueda garantizar verdad y justicia para nuestros muertos, como tampoco lo hizo el alfonsinismo de las leyes de impunidad a genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

    No permitamos que el gobierno use el caso de Facundo para justificar cínicamente una reforma de su policía y su justicia de clase. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia para Facundo y el castigo a los responsables, es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. Extendamos internacionalmente la bandera de lucha que ya levantan en las calles, las organizaciones obreras y la juventud negra norteamericana: ¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA y de todas las fuerzas represivas del estado!

  • Blas Correas, nueva víctima de la represión del Estado

    Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
    Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
    Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.    
    También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
    Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.

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