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Intervención de la Rama Universitaria de la COR en la asamblea interfacultades de la UNCuyo, en apoyo a la lucha docente nacional

Domingo, 26 Agosto 2018 22:53

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  • Industria del vidrio: un incendio que no se apaga

    La crisis internacional y su agravamiento producto de la pandemia hizo que varias industrias atraviesen importantes cambios a nivel internacional tales como: cambios en las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad e higiene; cambios en las tareas, tiempos y ritmos de trabajo; divisiones erradas entre los que son y los que no son esenciales; empresas que cierran y despiden trabajadores, pero hay otras que sacaron provecho llevándose superganancias como las farmacéuticas o las industrias alimenticias. La industria del vidrio y en particular el sector referido a envases para la industria alimenticia no escapa a esta realidad atravesando varios cambios no solo a nivel regional sino internacional.

    Esta rama de la economía esta experimentando actualmente un problema global que es el faltante de envases de vidrio principalmente a causa de la pandemia de Covid-19. Durante el 2020 se registraron importantes aumentos en el consumo de alimentos y bebidas, lo que ocasionó una disminución de stocks de envases de vidrio en góndola. A eso se le sumó el hecho de que muchas industrias no pudieron trabajar al 100% de su capacidad por las diferentes restricciones sanitarias. Eso hizo que se consumieran los stocks de reserva en casi todas las plantas a nivel mundial. Además, que las materias primas con las que se elabora el vidrio pueden ser costosas o escasas.

    Ahora vayamos al caso argentino, el país concentra la mayor parte de su producción de vidrio en tres empresas: Cattorini que produce el 60% del total de botellas para vinos, Verallia que produce el 35%, y Cristalerías Rosario con el 5%. El 75% de lo producido está dirigido al mercado interno, y el 25% restante es destinado al mercado de exportación de vinos y espumantes. En dicho periodo estas empresas han tenido enormes ingresos por un aumento de productividad (entre 2016 y 2019, la industria vitivinícola utilizó aproximadamente entre 800 y 900 millones de botellas por año, un número que aumentó en 2020).

    Así mismo, las empresas contaron con un aliado imprescindible: la burocracia de Valdez. Ellos garantizaron en lo que va de la pandemia que se no dieran aumentos de sueldos y en donde se dieron, como vienen haciendo cada año, se firmaron en cuotas y a la baja (una de las ramas que menor porcentaje de aumento tuvo). Dicen hablar en nombre de cuidar a la “familia vidriera” pero ante los casos de despidos y suspensiones se posicionaron como si fueran empleados de recursos humanos de las empresas. No nos olvidemos que nada se hizo por las muertes de compañeros y las condiciones de seguridad e higiene en lo que va del periodo.

    Mientras se registraba todo esto y se hacia la vista a un lado en los constantes avasallamiento hacia las y los trabajadores; el 19 de septiembre se produjo un incendio en la planta de Verallia en la localidad de Rodeo de la Cruz, Mendoza, que afectó el área de los hornos y dejó a varias líneas fuera de funcionamiento. Por suerte no hay que lamentar ninguna perdida de operarios. De hecho, gracias a ellos no se quemó el resto de la planta.

    Esta situación provocó un cimbronazo en la industria vitivinícola, principalmente en las bodegas de Mendoza y San Juan, que temen por las exportaciones de vino ya pactadas. Claramente este incendio se debe a la sed de ganancias de esta empresa y por la falta de mantenimiento o la deficitaria inversión en infraestructura contra siniestros de este tipo. Rápidamente los productores y bodegueros advirtieron sobre el problema que podría atraer dicho incendio y presentaron sus quejas al Estado mendocino y nacional para que les vuelva a garantizar una vez más la producción de botellas necesarias y las consecuencias no afecte los dividendos empresariales. “Los que estamos en este negocio sabemos que el mes de octubre es el mes del despacho al exterior. Acá la única solución de corto plazo es que Verallia rápidamente pueda poner en funcionamiento sus hornos afectados. Y en eso tiene que estar el Estado al lado, acompañando” (Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura).  Se fueron brindado las líneas de financiación que se necesiten, aunque la empresa por el momento no ha solicitado nada y se ha colaborado en la entrada rápida de los técnicos de Brasil para que puedan resolver los problemas ocasionados por el siniestro. Y para coronar todo esto la burocracia del vidrio y sus delegados no hicieron ni siquiera una declaración frente al siniestro que podría haber sido evitado. Están tratando de garantizar que no haya ningún tipo de organización ante el esquema que se presenta.

    Acá vemos cómo el Estado, su maquinaria, funcionarios y burocracia se ponen a disposición para lo que fueron elegidos: garantizar al capital su ganancia. Una clara contradicción ya que en esta pandemia no se podía ni siquiera andar en la calle, pero para garantizar la producción a las empresas se abren todas las fronteras y se dan todos los subsidios posibles.

    Incluso se habla de importar botellas de otros países. Pero esto no es tan fácil como se dice. En primer lugar, el rubro de importación de envases de vidrio es uno que cuenta con licencias automáticas, lo que significa que pueden realizar importaciones sin ningún tipo de limitación. Practica a la que recurre Verallia desde hace años con su par chilena y luego cobra más caro a sus clientes. Pero como sabemos, el problema es más amplio y responde a una coyuntura global. Por otro lado, aunque a nivel mundial existieran stocks disponibles, organizar la logística para lograr importar los envases necesarios que cubran la demanda supone otros problemas. Hay también una escasez mundial en el comercio internacional de contenedores. Otra de las consecuencias de la pandemia fue un desajuste en el comercio mundial, que implicó un retraso de los buques de seis días en promedio, lo que ocasionó un faltante de contenedores en puertos.

    Pero regresemos al vidrio, no tenemos que dejar que las verdaderas consecuencias afecten a los trabajadores y paguemos su crisis como ya se están viendo en las principales bodegas suspendiendo a personal tercerizado. Debemos tener en cuenta todas las presiones que tuvimos como rama y por empresa que pesan sobre nuestras espaldas: paritarias que fueron suspendidas por la pandemia o superadas constantemente por la inflación como lo vivieron las y los trabajadores de viñas y vitivinícolas reflejado en un aumento del costo de vida; protocolos y condiciones de higiene y seguridad deficitarias y que en la mayoría de los casos no se respetan o los aumentos de productividad en las líneas de producción garantizado solo por el mínimo personal para tales tareas. Además, debemos contar las vacaciones adelantadas, suspensiones y o despidos que están a la orden del día según el nivel de productividad que desee el empresariado.

    Empresas del vidrio, el sector vitivinícolas y talleres que trabajan para dichas industrias tenemos que pensar en las situaciones que nos hace vivir en esta precariedad y las implicancias que tuvieron la cuarentena en ramas y fabricas como las nuestras que nunca pararon durante la pandemia para poder transformar esta ofensiva patronal en organización de los trabajadores.

    Debemos tratar de hacer asambleas por sector y o general para que las implicancias de la falta de planificación de la patronales y recientemente la falta de botellas en el sector no recaiga sobre nuestras espaldas. Nosotros no tenemos que ser el primer factor en la ecuación de reducir costos patronales. No podemos confiar y dejar en manos de la empresa nuestra seguridad e higiene. Tenemos que presionar a los delegados que nada están haciendo para que se haga un relevamiento de las condiciones de higiene y seguridad en la infraestructura, elementos de protección personal, etc. y exigir que se respeten, mejoren o creen donde no las haya. Es tarea fundamental sacar a los delegados traidores de nuestras filas o elegir donde no los haya. Para ello debemos confiar en nuestras propias fuerzas.

    Como perspectiva debemos convocar un congreso de delegados de base mandatados de la rama para pensar de conjunto una salida a la crisis y un programa de lucha para poder pelear por todas estas reivindicaciones.

    Dante Oliveira

  • IMPSA: otra vez rescatando al capital

    En medio del debate que recorre a las diferentes variantes burguesas y pequeño burguesas por la propiedad privada, el salvataje a las empresas y la función del estado, el rescate anunciado estas semanas a la empresa IMPSA (industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.) fue noticia en todos lados. El Estado nacional quiso mostrar iniciativa ante un contexto económico en crisis con muchas deudas y pagos por afrontar ante organismos internacionales. Esta medida de incisión estatista es una muestra más de la intervención del Estado en la economía ante el descalabro de la crisis en curso donde el gobierno de Fernández aporta 15 millones de dólares y 5 millones el gobierno radical de Mendoza. Empresa que de igual manera seguirá funcionando como sociedad anónima. Medida que no soluciona los problemas estructurales de la economía argentina como pretenden hacernos creer y mucho menos los problemas del sistema capitalista.

    Impsa es una empresa mendocina asociada con el capital extranjero que hizo su fortuna durante más de 100 años con diferentes gobiernos (Yrigoyen, Perón, la dictadura militar, el menemismo y diferentes gobiernos extranjeros como Brasil y Venezuela). Si hay un denominador común en Impsa es el siempre presente rescate por parte del estado bajo distintas administraciones. En su momento lo hizo los K con subsidios al salario y repros mientras renegociaba deuda. En 2015 con el gobierno de Macri se ve beneficiada con el blanqueo de capitales por $ 108 millones terminando en el 2018 con la formación de un fideicomiso hasta la reciente anunciada “estatización” que no es otra cosa que el desembolso de capital para rescatar a los mismos bancos y burgueses que venían siendo solventados para asegurar sus negocios agregando ahora la formalización como capitalización de la empresa.

    La realidad que esto es un mecanismo burgués para socializar las pérdidas donde los trabajadores volverán a ser quienes paguemos las deudas continuando un proceso de garantizar el pago a través del Estado a los acreedores privados y eventualmente traspasar las operaciones de Impsa a otros grupos económicos en un contexto internacional que con los cambios en matrices energéticas especula con posibles jugosos negocios.

    Resguardando al capital

    Destaquemos que detrás de esta operatoria hay una disputa política y económica por los negocios que puede traer aparejado a los capitalistas de turno y un resguardo de la propiedad asemejando el proceso a lo que se quiso hacer con la empresa Vicentin (1). La grave crisis de Impsa tiene que ver en gran medida con el descalabro que significaron los bonapartismos sui generis en Latinoamérica (Chávez, Lula, Fernández) apostando al desarrollo de una burguesía nacional y su expresión en la industria. Proyectos políticos que fracasaron y que terminaron en un festival de guita, coimas y el guantazo de la brasilera Odebrecht. Hoy, una coalición de gobierno que se referencia en aquella apuesta burguesa pretende rememorar aquella ilusión que los terminó condenando. Y es que no se pude dar un desarrollo de un capital nacional para la industria en los países industrialmente atrasados donde el capital extranjero e internacional juega un rol decisivo y más aún en un Estado semi colonial como lo es Argentina dentro de un capitalismo en descomposición. Se ha demostrado que un Estado dirigido por una fracción burguesa no puede dar ningún beneficio a los trabajadores.

    Un capítulo en esta novela lo merece el gobierno radical de Suárez donde no paran de criticar al gobierno nacional por el mal manejo de la pandemia y de la economía, pero no tuvo ningún problema a la hora de sentarse junto a Fernández para rescatar el capital y sacar una tajada para el empresariado mendocino. Pero no podía ser menos teniendo en su gabinete de economía a ex gerentes de Impsa como Emilio Guiñazú y Daniel Chicahuala (ex gerente de Impsa y Oderbrecht) quienes aseguraron negocios por ejemplo para la cuestionada construcción de la represa Portezuelo del Viento en el sur mendocino. No solo han participado ayudando a Pescarmona (cuya caída ya arrastró a muchas otras empresas), sino que ante cada conflicto que se generó, el Estado provincial garantizó, junto con la burocracia de la UOM, despidos, suspensiones y hasta desalojos con policía incluida.

     La burocracia ayudando a socializar las pérdidas

    Otro de los que celebró la “capitalización” de Impsa fue Antonio Caló (secretario general de la UOM nacional) que tuvo participación estelar en la mesa principal del acto de relanzamiento de la firma. Este y muchos otros burócratas más fueron una de las partes que participaron activamente en el acuerdo. Hay que advertir en este caso que la burocracia de la UOM funciona como agente político de los capitalistas y el Estado para que todo marche sobre ruedas. La misma burocracia que firma paritarias a la baja por 35,2 % en cómodas cuotas sin discutir con los metalúrgicos y con delegados que no fueron elegidos por las bases, que garantiza los despidos y suspensiones en diferentes puntos del país frente a la crisis y la que nada hizo frente a los protocolos de higiene y seguridad durante la pandemia. Los trabajadores para nada estamos contentos con esta situación donde no solo no se va a crear empleo, sino que cada día nuestras condiciones de vida empeoran.

    La CGT Mendoza con su titular Luis Márquez también festejó con alegría esta intervención estatal. De nuevo jugando para el capital como lo hizo durante toda su gestión al frente de la UOM Mendoza, poniendo su firma en los despidos que se produjeron a lo largo de los años en Impsa y en toda la industria metalúrgica mendocina, incentivando y generando división entre los trabajadores. Tomemos como tarea primordial recuperar la dirección de los sindicatos, de manos de la burocracia traidora.

    Por una salida obrera ante la crisis

    Los trabajadores, y los metalúrgicos en particular, no podemos poner expectativas en este tipo de maniobras como la estatización para salvataje de nuestros verdugos. La disyuntiva no es el capital privado o Estado, sino entre un programa de conciliación de clases o un programa que oriente la acción independiente de los trabajadores. La UOM debe llamar de forma urgente a asamblea en Impsa y convocar a un congreso de delegados para debatir cómo podemos dar una salida a la grave crisis que atraviesa la empresa empezando por la reincorporación de los despedidos y suba de salarios. Pensamos que para llevar adelante estas tareas y reivindicaciones es necesario formar al interior de la UOM una oposición sindical revolucionaria que sea capaz de luchar por los intereses de los trabajadores con los métodos obreros. Los metalúrgicos debemos unirnos e intercambiar experiencias con otros sectores del proletariado que estén en lucha como los trabajadores de Bimbo (San Fernando), así como el activismo antiburocrático de los vitivinícolas, para poder organizar un plan de salida a la crisis y la pandemia y actuar unidas ante el gobierno y los planes de los empresarios por cambiar las condiciones de vida de la clase obrera.

    Los trabajadores tenemos que empezar a tener el ejercicio de como intervenir en la crisis que se desarrolla ante nosotros y discutir cuales son las tareas de los trabajadores. Así mismo es imperioso que abramos un debate al interior de nuestra clase sobre la importancia del control obrero como forma de intervención independiente ante la desorganización de la economía y mostrar la capacidad de la clase obrera para la planificación y administración de la producción.

     

    1 ver nota Vicentin: rescatando al capital http://cor-digital.org/nacionales/item/292-vicent%C3%ADn.html

  • Sumemos la UNCuyo a la lucha contra la agresión colonialista a Palestina

    La reciente escalada de agresión de Israel contra Gaza y Palestina en general es la más violenta desde 2014. Los bombardeos sionistas efectuados durante el transcurso de las últimas semanas sobre Gaza han dejado 248 muertos, de los cuales 66 son menores de edad, hasta el momento hay 2.000 heridos. El pueblo palestino ha resistido estos ataques que han destruido sus ciudades, profundizado la crisis sanitaria y la migración masiva, en respuesta a la ofensiva han realizado manifestaciones, destacándose la huelga general convocada en las ciudades con población árabe de Cisjordania e Israel, expresando una tendencia más general de las acciones de masas ante el nivel de crisis.

    Al mismo tiempo se han realizado masivas manifestaciones de solidaridad internacionalista en Inglaterra, Irak, Líbano, Siria, EE.UU., Japón, Francia y América Latina etc. La clase obrera ha manifestado su apoyo a la lucha palestina como los trabajadores portuarios de Génova que frenaron un cargamento armamentístico dirigido a Israel, al igual que los portuarios sudafricanos se negaron a descargar cargamento israelí, a estas acciones podemos añadir la ocupación de la empresa de armas Elbit Systems en Reino Unido por manifestantes con el apoyo de trabajares de la planta.

     

    ABAJO EL LOBBY SIONISTA EN LA UNCUYO

    Como denunciamos en ese momento (¡Abajo el Lobby Sionista en la UNCuyo! - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)), el 19 de Agosto de 2020 el rector de la Universidad Nacional de Cuyo Daniel Pizzi emitió una resolución que adopta la definición de ¨antisemitismo¨ aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) que establece: ¨El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto". Esta definición ha sido adoptada por las principales potencias imperialistas y los gobiernos latinoamericanos, en Argentina esta disposición está en consonancia con la resolución N°114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

    Con esta definición de antisemitismo se acusa y persigue Juan Carlos Giordano, militante de Izquierda Socialista quien ha manifestado su apoyo a la causa palestina, desde la COR repudiamos enérgicamente la persecución realizada por grupos reaccionarios ligados a Israel. Querer endilgar el antisemitismo a quienes cuestionen a las “instituciones de las comunidades judías” es la forma predilecta que el sionismo ha encontrado para encubrir las atrocidades cometidas por sus “instituciones”, principalmente el Estado de Israel. No podemos permitir de ninguna manera que a través de una definición engañosa y su implementación en la legalidad burguesa nos persigan y pretendan hacernos creer que somos nosotros quienes incurrimos en la discriminación, cuando los sionistas tienen en sus manos la sangre de miles de palestinos, a los cuales desde 1948 han sometido a todas las penurias y violaciones que conlleva el colonialismo.

    Debemos convertir en acciones concretas, tanto en las calles como en las escuelas, facultades y los lugares de trabajo, nuestra solidaridad internacionalista. Levantamos las banderas de la lucha palestina, sostenemos la necesidad de la destrucción del Estado de Israel, este enclave imperialista debe desaparecer al igual que los demás gobiernos reaccionarios de medio oriente, luchamos por una nueva forma de organización social y económica con la dirección de la clase obrera, con la perspectiva de la construcción de la Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente y el Magreb. Seguiremos denunciando el accionar genocida de Israel, instamos a realizar campañas públicas, movilizaciones y acciones de solidaridad proletaria.

    Retomamos nuestro llamado a las organizaciones de izquierda para luchar en contra de la resolución de Pizzi que apoya al sionismo, otorgando la posibilidad de sancionar a quienes luchamos en contra del genocidio que realiza Israel en Franja de Gaza y los demás territorios palestinos. Preparemos asambleas por facultades e interfacultades de manera presencial con las medidas sanitarias correspondientes. Exijamos a los centros de estudiantes, a la FUC y a la FUA la lucha por la derogación de dicha resolución. Instamos a los sindicatos docentes y no docentes a posicionarse en este sentido y unificar acciones concretas por la anulación de esta resolución.  

    • ¡Abajo la resolución de Pizzi y el lobby sionista, y los convenios Israel- UNCuyo!
    • ¡Por la Destrucción del Estado de Israel!
    • ¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente y el Magreb!
    • ¡Fuera el imperialismo de Medio Oriente!
    • ¡Por el triunfo de la lucha del pueblo palestino!

    Rama Universitaria de la COR

  • No a la persecución laboral y sindical en la UPC

    El 2020 fue un año para los trabajadores y estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) atípico por donde se lo mire. Pandemia de por medio, la virtualización de la educación y la actividad sindical, dejó vía libre para que la conducción del gremio docente (UEPC) con Juan Monserrat a la cabeza y el gobierno de la provincia, llevaran adelante un ataque mayúsculo a las y los docentes cordobeses con la modificación del estatuto. Claro que la oposición docente trató de poner en discusión, previo al tratamiento en la legislatura el pasado diciembre, los puntos de dicha reforma tales como la profundización de la precarización laboral, las dificultades para la titularización de cargos, el ajuste y el feroz ataque al conjunto de las y los docentes provinciales. En este contexto, las autoridades de la UPC en consonancia con el gremio de la UEPC redactan un acta acuerdo a espaldas de cientos de trabajadores para que entre en vigencia el ataque.
    Mientras las autoridades daban curso al mencionado ataque algunos trabajadores de la UPC deciden organizarse bajo la cobertura gremial de la Asociación de Trabajares del Estado (ATE) quienes eligen a sus delegados normalizadores hace apenas unos meses. Resulta ser que el rectorado toma la decisión de poner fin al contrato del asesor legal de la Facultad de Artes (FAD), el abogado Juan Valfré, por incursionar en la organización sindical. Cabe destacar que desde la COR no vamos a avalar ningún despido ni persecución político gremial pero debemos aclarar lo que la CDP de ATE o bien desconoce, o se empeña en hacernos pasar gato por liebre. El caso es que la UPC viene de un proceso de “normalización” de hace 7 años y en consecuencia tiene a todos sus funcionarios designados a dedo por el ejecutivo provincial; y Valfré no es la excepción. Basta corroborarlo en la web oficial de la UPC el cual figura con dos cargos; uno como secretario general de Gestión y el otro como asesor legal de la FAD.
    El Sr. Valfré en nuestra intervención política junto a compañeros independientes en la dirección del Centro de Estudiantes de la Roberto Arlt (CERA) en el período 2016-2018; asesoró legalmente a la directora del instituto y su lista de estudiantes a disputar la dirección del centro. Cabe recordar que nuestra pelea se trató siempre de defender la independencia de nuestra organización estudiantil de las autoridades de turno. Incomodaba sobremanera a las autoridades las discusiones políticas- sindicales y el apoyo activo por parte de los estudiantes a los conflictos gremiales de ese entonces tales como la lucha de la UTA, de AGR-Clarín; las negociaciones paritarias docente de UEPC; el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado desaparecido por la gendarmería nacional con la responsabilidad del estado nacional, etc. La actual agrupación dirigente del CERA es la misma que asesoró Valfré en aquel momento; permaneciendo aún fieles a sus objetivos de tener un centro a merced de las decisiones de las autoridades y lejos de los trabajadores.
    La decisión actual de tener a funcionarios del riñón del régimen universitario como  trabajadores en las filas de un sindicato es un problema que deben debatir las y los afiliados de ATE y exigir la renuncia de este y todos los funcionarios que hayan buscado la cobertura gremial para salvar una situación personal que huele más a interna peronista que a las ilegalidades que denuncia el gremio. Además porque los sindicatos son de las y los trabajadores a pesar de las direcciones que circunstancialmente los dirijan; y resulta deshonesto para aquellos trabajadores de la universidad que definieron acercarse al sindicato para exponer sus problemas de condiciones laborales, de higiene y seguridad, salariales, etc.
    El debate de que la persecución gremial y política que despliegan las autoridades de UPC es por la falta de democratización de los órganos de gobierno y la imposibilidad de votar a sus representantes y autoridades, es falso. Quienes aducen que estas peleas que se dieron a principios del siglo pasado como la autonomía y el gobierno universitario deben ser parte fundamental del programa para la UPC son aquellos que están mirándose en el espejo de la UNC. Esa UNC tan “democrática y autónoma” que se ha cansado de perseguir a trabajadores y estudiantes que osaron cuestionar el desfinanciamiento educativo y el congelamiento salarial y terminó con el procesamiento de 27 compañeros estudiantes en el 2018 por la toma del pabellón argentina e intentó, sin éxito, condecorar a ex funcionarios de la dictadura militar el año pasado a través del Consejo Superior. Esos son los ejemplos más recientes de la impoluta UNC, cuyo régimen de cogobierno pretendidamente democrático está permeado por todos los costados por la rosca de los partidos patronales (UCR, PJ en todas sus variantes) y los intereses de las empresas, el Banco Mundial y el FMI.
    Los revolucionarios peleamos por una universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles que permita que el acceso a la educación de los trabajadores y sus hijos sea sin restricciones. Y para ello debemos recuperar nuestros sindicatos y centro de estudiantes de las manos de la burocracia sindical y de las organizaciones pro-patronales. El “proceso de normalización” de la UPC sigue su curso en base a la precarización laboral y de las condiciones edilicias y de estudio: debemos enfrentarlo impulsando un Congreso de Delegados con mandato de asamblea, docentes, co-docentes y estudiantiles, para votar un plan de lucha y sentar las bases del nuevo gobierno de trabajadores y estudiantes de la universidad.

    Organizarnos y luchar, con independencia de las autoridades

    Son varios los problemas que debemos enfrentar en lo inmediato: la lucha para hacer retroceder la implementación del nuevo estatuto docente y la vuelta a la presencialidad en las aulas sin las condiciones de seguridad e higiene garantizadas. La bimodalidad para el dictado de clases tiene como objetivo continuar como en el 2020 trasladando el gasto de conectividad y equipamiento a los docentes y estudiantes. Debemos rechazar y enfrentar la bimodalidad como sinónimo de la extensión de la jornada laboral docente.  Es éste un debate fundamental entre los trabajadores y estudiantes de la UPC; como nos enfrentamos a una campaña furibunda por parte de los gobiernos nacional y provincial de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales.
    Pongamos en pie asambleas de docentes, co-docentes y estudiantes para la elección de representantes para la conformación de comisiones de higiene y seguridad por escuela; de este modo podremos encarar programáticamente la vuelta a la presencialidad.
    Desde la COR nos ponemos a disposición de las y los trabajadores docentes y co-docentes de la UPC y repudiamos enérgicamente cualquier ataque y persecución que estén sufriendo por parte de las autoridades Krawchik -Bambozzi con la complicidad de la burocracia sindical de Juan Monserrat. Y llamamos a los activistas y estudiantes a sumarse al debate de cuales son las organizaciones que necesitamos y el programa que debemos levantar para enfrentar la política de ataque y ajuste del FMI, los gobiernos de turno para con los trabajadores y la juventud.

    • ¡Fuera los funcionarios de ATE! Por sindicatos independientes de las autoridades y el Estado.
    • ¡Basta de persecución en la UPC!
    • ¡Fin a la precarización laboral docente! ¡Por la titularización masiva de docentes!
    • ¡Reapertura de paritarias, recomposición salarial YA!
    • ¡Por Comisiones de higiene y seguridad elegidos por estudiantes y trabajadores por escuela!
    • ¡Por un Congreso de Delegados docentes, co-docentes y estudiantiles, con mandato de asamblea!
  • Una nueva burla para los docentes universitarios

    El 22 de diciembre la CONADUH recibió una comunicación telefónica de Jaime Perczyk , informando la “propuesta” salarial del gobierno: 2% en enero de 2021 a cobrar en febrero, 4%  en febrero a cobrar en marzo y 4%  en marzo a cobrar en abril. También un bono por dedicación $1000 para los simples, $2000 para los semi exclusivos y $ 4000 para los exclusivos.

    Esta propuesta, además de una suma irrisoria, liquida la instancia paritaria, al no ser hecha por escrito y en las instancias formales de la misma. Además, nuestra paritaria es de marzo a febrero 2020, por tanto, el incremento propuesto para marzo se corresponde con la paritaria 2021.

    Frente a esto, algunas gremiales como AGD-UBA lograron hacer asambleas virtuales a pesar del poco tiempo y siendo una fecha complicada.

    En todas se votó el rechazo por unanimidad. Finalmente, CONADUH votó el rechazo y planteó un aumento del 20% en diciembre y un bono igual para todos los docentes independientemente de la dedicación, una contrapropuesta bastante por debajo de las verdaderas necesidades de los docentes.

    CONADU y las otras federaciones serviles al gobierno ya tenían la lapicera lista y no tardaron en firmar. Ante esto un sector de delegados y afiliados a CONADU hicieron circular un petitorio en contra de la firma de la paritaria por parte de esta federación por haberse realizado de forma inconsulta. Al día siguiente, la burocracia de FATUN firmó un acuerdo casi calcado para los no docentes, el otro sector de los trabajadores de las Universidades Nacionales; solo difiere en el alcance y monto de los bonitos.

    Pero CONADUH tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Durante todo el año pasado, donde los docentes fuimos precarizados y flexibilizados con las clases virtuales, y ninguneados por el gobierno al negarse a aplicar la cláusula gatillo definida en la paritaria pasada, prácticamente no quisieron llevar adelante ninguna medida de lucha, salvo algunos paros virtuales por insistencia de las gremiales y jornadas de lucha que consistían básicamente en twitazos.

    Con la excusa de que no había que movilizar por la pandemia, en realidad la causa del inmovilismo de CONADUH es una conducción que está compuesta por corrientes conciliadoras con el gobierno, el PCR y kircheristas ligados a la CTA, que sostuvieron que no había que hacer nada “para darle tiempo a Alberto”. Y si, Alberto tuvo tiempo para ajustarnos y precarizarnos para pagarle al FMI.

    En la mayoría de las universidades nacionales que estuvieron cerradas todo este tiempo, no se puso un peso para mejorar las condiciones edilicias y de seguridad e higiene y sólo se sentaron a escribir protocolos irrealizables. Pongamos en pié comisiones de higiene y seguridad conformadas por trabajadores de cada facultad elegidos en asamblea para garantizar las condiciones de salubridad laboral e impongamos a las autoridades partidas presupuestarias específicas para las obras en infraestructura necesarias.

    Es importante prepararnos para el no-inicio de clases, donde los docentes logremos una medida contundente para activar nuestros reclamos. Junto con esto, impulsemos un congreso nacional de delegados de base presencial de toda la docencia universitaria, con mandatos y elegidos en asambleas por Facultad o Universidad, instancia en la que también puedan asistir compañeros de otras federaciones, para deliberar acciones, medidas de lucha y un programa para pelear por nuestras exigencias.

    • Salario igual a la canasta familiar para el cargo testigo
    • Cargos rentados para todos los ad honorem
    • Mejoramiento ya de las instalaciones. Comisiones de higiene y seguridad en cada facultad, con representantes elegidos en asamblea
    • Aumento de presupuesto educativo
    • Basta de flexibilización y precarización laboral con la virtualidad. Reconocimiento de gastos por trabajo remoto con montos reales que vayan al básico

    Docentes Universitarios de la COR

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