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Luego de un paro nacional el 12 de noviembre pasado, sin precedentes desde el retorno a la forma democrática del régimen burgués, el gobierno de Piñera evaluó volver a reponer el estado emergencia sacando a los militares a las calles. Según los trascendidos, éstos se habrían negado si no se les garantizaba la impunidad como sucede actualmente en Bolivia con el gobierno provisorio e inestable de Áñez quien mediante un decreto les garantizó que no habría consecuencias.

Independientemente de la veracidad de estos roces entre las instituciones del Estado, volver a sacar la carta de la confrontación militar luego de que la clase obrera interviniera decididamente en la escena hubiera resultado en una feroz resistencia de parte de los trabajadores y el pueblo, esta vez afectando a la base del poder burgués que se encuentra en la producción. Por esto es que Piñera, amenazando solapadamente con usar la “fuerza”, indicó que optó por “la razón” instando al conjunto de los partidos de la oposición a adoptar un acuerdo de unidad nacional “por la paz, el orden público y el total respeto de la institucionalidad democrática”.

Esto significó un cierre de filas de todos los bloques burgueses y contó con la adhesión de los partidos pequeñoburgueses del Frente Amplio, quienes se hoy atraviesan una crisis que los corroe por no poder respaldar semejante engaño ante los sectores en lucha. La base del acuerdo es ir hacia una “nueva constitución” mediante un plebiscito en abril y elecciones de constituyentes en octubre del 2020 junto con las elecciones municipales. Más allá de las argucias técnicas para reproducir los amañados mecanismos de representación parlamentaria, asegurando el peso de los partidos del régimen, este acuerdo no significa otra cosa que darle un tanque de oxígeno a un gobierno en crisis, pateando la crisis hacia adelante en un escenario altamente inestable. Ese mismo tiempo es el que está siendo aprovechado por la maquina burocrática y policial del Estado para encarcelar, reprimir y enjuiciar a los que luchan.

La separación de las masas y el Estado que se ha expresado de forma radical en distintos hitos de la lucha de clases no se va a cerrar intentando volver la política de las calles hacia el parlamento. El gobierno sabe esto perfectamente y trata de dar respuesta a los grandes problemas sociales planteados mediante algunas medidas redistributivas que otorguen algunas migajas aquí y allá, pretendiendo dar por cerrado temas, como la disminución del precio de los medicamentos o el aumento de las pensiones básicas solidarias en 50%, que pese al salto porcentual que significa, continuarán siendo pensiones de hambre sobrepasando apenas la mitad del salario mínimo.

Las expectativas por el cambio constitucional, presentado por reformistas y centristas como la salida a la actual crisis, ha provocado un cierto repliegue momentáneo de sectores más amplios de masas a la espera de una resolución a los grandes problemas. La insurrección de fuerzas elementales que se ha expresado en este periodo si bien ha enfrentado decididamente la represión, ha movilizado millones en todas las ciudades del país y ha realizado un paro histórico en la producción, no ha sobrepasado el marco de la legalidad burguesa sin provocar derrotas al Estado, y esto no puede hacerlo de por sí mismo dado su carácter espontáneo.

Se equivocan quienes creen que el cierre de filas de los partidos del régimen en un acuerdo nacional para salvar la democracia para ricos, y eventualmente reformarla, puede dar vuelta la página para volver a la “normalidad”. Los agudos procesos de la lucha de clases que recorren la región, como en Ecuador o Bolivia, y ahora con la intervención de la clase obrera colombiana, ha forzado a los gobiernos proimperialistas a utilizar la salida represiva utilizando los militares, teniendo la misma respuesta de los trabajadores y el pueblo, grandes luchas de masas que cuestionan a los semi-estados latinoamericanos y la dominación imperialista.

Aquello que es espontáneo es al mismo tiempo embrionario de lo consciente. Es preciso que los activistas y la vanguardia en lucha impulsen con fuerza medidas organizativas que tiendan a aglutinar a los principales batallones de la clase trabajadora y la juventud para dar una salida obrera a la crisis abierta. Se vuelve necesario al mismo tiempo debatir  un programa transicional que luche por llevar a los trabajadores al poder enfrentando al Estado. Es necesario también que las formas de organización obrera conserven absoluta independencia de la burguesía evitando confundirla con las estructuras políticas del poder burgués como los ensayos constituyentes. La lucha por las demandas democráticas debe estar ligada al fortalecimiento de la clase obrera como clase dirigente del conjunto de los explotados y oprimidos. La conformación de un partido revolucionario internacionalista, que es la reconstrucción de la IV Internacional, se plantea como un debate urgente de la vanguardia obrera y de la juventud.

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El levantamiento del estado de emergencia de parte del gobierno significó el repliegue de los contingentes militares a los cuarteles pero no de la ofensiva represiva de carabineros, esos lúmpenes organizados por el Estado que no han escatimado en desatar todo tipo de acciones vejatorias como asesinatos, torturas o violaciones contra los trabajadores y jóvenes en lucha.

El cambio de gabinete, celebrado sólo por representantes del FA como Beatriz Sanchez, expresó el intento de moderar el discurso reaccionario para tender puentes con sectores medios ante la masividad y contundencia de la manifestación social. Sin embargo, este retoque cosmético no puede embaucar a las grandes masas y mucho menos a la juventud que en estos días ha mantenido un enfrentamiento constante en las calles con las fuerzas represivas, señalizando correctamente al Estado como el enemigo.

Pero no sólo las fuerzas represivas constituyen el enemigo, estas expresan la esencia de la democracia semicolonial de sujeción y dominación, de resguardo a la propiedad privada de los ricos. El puñado de familias burguesas que controlan Chile de la mano del capital imperialista, se encuentran resguardadas por el conjunto del andamiaje político jurídico, un aparato burocrático de cientos de hombres dedicados al salvataje de la dominación imperialista.

Ya ésta justicia para ricos ha mandado a perseguir a los activistas y luchadores que comenzaron a revelarse contra las alzas del pasaje boicoteando los torniquetes del metro.

También el parlamento, su ala izquierda FA y PC, quien luego de las medidas de “corte social” del gobierno, se allanaron afablemente a conversar sobre una salida reformista a la situación, con el mismo gobierno que desató una represión salvaje contra el pueblo. Eso sí, piden que se fortalezcan las mediaciones, pretenden que la burocracia sindical de la CUT se pueda sentar a la mesa de una negociación para fortalecerse como los interlocutores privilegiados de la burguesía. Es decir, se postulan para ejercer su rol de lugartenientes del capital pretendiendo un giro político del gobierno para que se asiente la dominación imperialista del semi-estado chileno apoyándose sobre concesiones a las masas para contener y desviar las luchas en curso. Que mejor ejemplo que evitar que a Piñera lo tire el pueblo embaucando con la vía de una acusación constitucional.

Se han escuchado voces que llaman a un “pacto social”. Una especie de intento de regenerar la sociedad burguesa con tono refundacional. Con este mismo objetivo llaman a una Asamblea Constituyente. Como si en la actual etapa histórica fuese posible volver a colocar de pie una estructura reaccionaria y perimida por la misma lucha de clases, una especie de Estado burgués de nuevo tipo. Desde hace más de un siglo, con la primera conquista del poder por los trabajadores, la Revolución Rusa, se abrió la etapa histórica de la revolución proletaria. No hay posibilidad alguna de que los procesos de la lucha de clases lleven a refundar la sociedad burguesa, menos aún en un proceso de descomposición abierta del capitalismo mundial. Los sucesos de Chile constituyen un proceso profundo de la lucha de clases que se está expresando de forma radicalizada en distintos países de la región, y empujan a los trabajadores y al pueblo a buscar las vías para derrotar al capitalismo y a la dominación imperialista. Es por esto que la única salida realista es buscar los medios y recursos para poner en pie a la clase trabajadora para que prepare las etapas de la conquista del poder obrero, de la dictadura del proletariado sobre la clase burguesa buscando su extensión internacional, y superando todas las formas distorsionadas y aberrantes que dio la lucha por el socialismo.

La lucha por un” nuevo pacto social” hoy implica una política de conciliación entre la burguesía y el proletariado, entre los explotados y los explotadores.

Los trabajadores mineros y portuarios vienen interviniendo con acciones decididas en la actual situación. Se abre una etapa crucial de organización que debemos aprovechar. Es necesario que convoquen a todas las organizaciones obreras a un Congreso de delegados de base donde discutir un plan de lucha para derribar al gobierno y un programa de salida a la crisis. La alianza de los trabajadores con sus hermanos del continente deberá ser una bandera de lucha permanente.

La batalla por el castigo a los represores será también una batalla contra los tribunales burgueses y exigirá poner en pie verdaderos tribunales obreros.

Trump ha confirmado su visita a Chile para la cumbre APEC que se realizaría en dos semanas. Es necesario recibir al representante del imperialismo con la paralización de las empresas imperialistas y la lucha en las calles contra la segura militarización de la capital.

 

Recibamos a Trump con una gran lucha antiimperialista

Juicio y castigo a los represores

Impulsemos la lucha por tirar a Piñera, no a la trampa parlamentaria de la acusación constitucional

Que intervenga la fuerza organizada de los trabajadores, por un Congreso Obrero de Emergencia

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

Por una Federación de Estados Obreros de América Latina

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