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Tiremos abajo las leyes represivas con el paro provincial

Sábado, 12 Noviembre 2022 19:23

En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.

La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.

Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.

La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).

La Multisectorial del FIT-U

El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.

Abajo las leyes antimarchas

Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.

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  • Solidaridad con los trabajadores de SanCor

    Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta

        Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
        Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
        SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
        Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
        Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
        La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

    • Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y  desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
    • Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
    • Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
    • Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
    • Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
  • Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

    Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

    Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

    C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza

  • La justicia cordobesa vota por la represión

    La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

    Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

    Córdoba, 1/11/2023

  • La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera

    El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.

    Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.

    La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.

    Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.

    COR
    Corriente Obrera Revolucionaria
    Regional Córdoba

  • Repudiamos el ataque judicial a dirigentes piqueteros y sindicales

    Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

    El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

    Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

    La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
    La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

    Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

    COR
    Regional Córdoba

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