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Plenario de trabajadores en Córdoba: La izquierda defecciona en la pelea contra la burocracia sindical

Domingo, 23 Septiembre 2018 23:10

Corresponsal

    El sábado 22 de setiembre se realizó el plenario del sindicalismo combativo en Córdoba, continuidad del plenario de Lanus del mes de junio. Aún teniendo diferencias con el programa de convocatoria, que partía del programa votado en Lanus, donde prima una política de presión sobre el estado burgués para que aplique medidas anticrisis desde una concepción meramente nacional (no internacionalista), decidimos participar del mismo con una delegación de compañeros de la regional Córdoba de la COR. Asistimos con un material haciendo eje en la necesidad de garantizar un paro activo para el próximo 25 de septiembre y con una serie de mociones que permitieran darle una perspectiva al reagrupamiento hacia la conformación de una oposición revolucionaria por ramas y sindicatos. A diferencia de otras corrientes como el PTS que declinaron la posibilidad de dar una discusión programática, aun a sabiendas de que entre los convocantes a estos plenarios hay corrientes de conciliación de clases como el pro sojero y pro gendarmería MST, nuestra intención era dar la lucha política por nuestras ideas entre los sectores de vanguardia que asistieran a la cita.
    Al momento del acto de apertura, se fueron ubicando en el palco dirigentes de las corrientes convocantes: PO, MST, IS y el Nuevo MAS. También fueron invitados sectores sindicales en lucha y estudiantes de la UNC. Los discursos de los dirigentes nacionales que habían asistido plantearon la necesidad de luchar contra la burocracia sindical. Esto se mostró un mero saludo a la bandera: al iniciar los discursos de los dirigentes provinciales, tomó la palabra Gabriel Suárez, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba y secretario adjunto de la CGT “nacional y popular” Rodríguez Peña. Suárez es un burócrata sindical peronista que no reniega de sus posiciones: su apoyo al kirchnerismo y su programa de defensa de la industria nacional (un sector de la patronal). Cumplió un rol traidor en la lucha de las trolebuseras y colectiveros de UTA el año pasado en la que, luego de un inicial apoyo a la pelea contra el techo salarial de 8% y la intervención del sindicato, se retiró del conflicto y nunca llamó al paro en su rama ni peleó por imponer el paro provincial, única salida a una lucha que fue quebrada con la militarización de la ciudad a manos de gendarmería para imponer la voluntad de Mestre y los empresarios del transporte. Y en la actual lucha de Luz y Fuerza, que hemos definido como la principal línea de frente del ataque de Macri, Schiaretti y el FMI en Córdoba, deja pasar la tercerización sector por sector de la empresa, como ha sucedido en la toma de estado de medidores, Seguros, y últimamente en Automotores. Ante la aparición de este burócrata como orador privilegiado en el plenario supuestamente antiburocrático y combativo, nuestra delegación definió retirarse del encuentro.
    Es grave que la izquierda esté haciendo de cobertura del flanco izquierdo a la conducción peronista de Luz y Fuerza, que nadie con un mínimo de conocimiento del sindicalismo cordobés podría argumentar que esté en ningún supuesto “giro a izquierda”. Además de engañar a la vanguardia obrera separando sus consignas de la realidad de los acuerdos oportunistas que está tejiendo, lo doblemente grave es que declina su tarea de constituir una dirección alternativa en Luz y Fuerza en el conflicto que se está desarrollando, dando la espalda a los delegados combativos que deben enfrentar cotidianamente las maniobras de la burocracia sindical.

La centralidad del programa
    La contradicción entre la consigna de “una nueva dirección combativa y antiburocrática del movimiento obrero” y la presencia de la burocracia sindical peronista en la apertura del plenario es sólo un botón de muestra de las contradicciones que acarrea el acuerdo que impulsó el plenario de Lanus desde un inicio, al incorporar a corrientes como el MST que vienen de dirigir la CTA en alianza con la burocracia de la verde además de haber apoyado a un sinnúmero de sectores patronales, desde la Sociedad Rural y Luís Juez hasta el gobierno de Tsipras en Grecia.
    Sin embargo, hay un aspecto más profundo en la concepción programática que sustenta este plenario que es su programa de neto corte estatista, lo que lo aproxima al programa de la propia burocracia sindical. Cuando decimos estatista, nos referimos a un programa basado en una serie de mediadas anticrisis como la nacionalización de la banca, el monopolio del comercio exterior, la redistribución de los impuestos, hasta llegar a la asamblea constituyente, hoy caballito de batalla de todas estas corrientes. Estas medidas están planteadas sin desarrollar la necesidad de la revolución y, por lo tanto, de la toma del poder por el proletariado, cuya dictadura podría quizás aplicar algunas de estas medidas de orden táctico, pero no como medidas para palear una crisis nacional sino como parte de la lucha de la extensión de la dictadura del proletariado a nivel internacional. Esta concepción nacional del programa es lo que aproxima peligrosamente a la izquierda a Suárez y el resto de la burocracia sindical, que son burócratas por las bases materiales que atan a los sindicatos al estado, no porque estén por principio en contra de las asambleas y la democracia sindical mal entendida. No por nada Guillermo Pacagnini de CICOP y el MST postuló en su discurso la necesidad de atraer a dirigentes que rompan con la burocracia a estos plenarios… sin explicar que entiende por “romper”. En momentos en que la CGT nacional, presionada por la magnitud de la crisis capitalista y el fracaso del proyecto Macri, se debate en una fuerte interna dentro del triunvirato, y entre este y el sector encabezado por el moyanismo y Palazzo de la bancaria, esta orientación se hace doblemente impotente y liquidadora de una verdadera oposición antiburocrática dentro de los sindicatos, que para serlo no puede dejar de plantear la independencia de los sindicatos del estado y la necesidad de enfrentar al estado burgués.
    La cercanía de los programas de la izquierda y la burocracia sindical puede constatarse mejor en el ejemplo de la lucha del propio sindicato de Luz y Fuerza, donde la izquierda hace eje en la lucha popular contra la privatización, por una EPEC integrada y estatal, lo mismo que plantea Suarez. Niegan así la posibilidad de armar programáticamente a un sector de delegados combativos que vienen haciendo una experiencia con los métodos y la política conciliadora de la conducción del sindicato, pero cuya oposición debe avanzar en el desarrollo programático, luchando por el control obrero del servicio eléctrico y de la rama de la energía en su conjunto, política que se opone por el vértice a la idea del estado burgués como árbitro imparcial y “regulador” de la sed de lucro capitalista que defiende Suárez… y la izquierda.

Por una oposición sindical revolucionaria
    La experiencia del plenario de Lanus viene dando muestras de ser un nuevo experimento de la izquierda para confluir entre sí y tratar de sumar alas díscolas de la burocracia sindical. Su resultado práctico ha sido listas de unidad con corrientes que vienen de frentes con la burocracia de la CTA como el MST. En particular el plenario cordobés fracasó en permitir a un sector de vanguardia del sindicato de Luz y Fuerza sacar lecciones frente a la política conciliadora de su dirección burocrática, algo central dada la importancia de esa lucha.
    Desde la COR seguiremos batallando por el agrupamiento de la vanguardia en una Oposición Sindical Revolucionaria con libertad de tendencias a su interior, unificando en las diferentes ramas de producción a los agrupamientos y tendencias antiburocráticas, combativas y de izquierda. Llamamos a los activistas, delegados y dirigentes antiburocráticos a pelear por esta perspectiva. La tarea es echar a la burocracia sindical de nuestras organizaciones, y desnudar a aquellos que se disfrazan de compañeros de ruta para consolidar su posición en tanto garantes del régimen burgués. Sólo a partir de esa clarificación política y programática podremos desarrollar las condiciones para construir el partido revolucionario.

Suarez, Sec. Gral. de Luz y Fuerza, habla al plenario Suarez, Sec. Gral. de Luz y Fuerza, habla al plenario

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  • Luz y Fuerza Córdoba: Principal línea de frente del ataque patronal

    La seguidilla de ataques que el gobierno de Schiaretti viene descargando contra los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) demuestran que el principal objetivo del gobierno y las patronales que lo sostienen es quebrar a uno de los sindicatos históricamente más poderosos de la provincia. Luz y Fuerza Córdoba no sólo cuenta con la tradición de su participación en el Cordobazo, sino con el bagaje de haber derrotado varios intentos de privatización. Esto no quiere decir que sea la única rama donde las patronales descargan su ataque: ya ha sucedido en el transporte, donde luego de la derrota de la gran lucha de los trabajadores de UTA de 2017, la FETAP ha introducido despidos selectivos y esquemas de productividad, o en el SMATA y la UOM, donde los despidos y suspensiones son moneda corriente y se anuncia una ola de preventivos de crisis para hacerlos masivos.
    La ofensiva patronal en EPEC ha contemplado la denuncia ante el ministerio de trabajo del CCT vigente, la implementación de leyes para recortar conquistas a los trabajadores, el cierre de centros de atención al cliente y la tercerización de tareas como la toma de estado de los medidores de consumo. A la lucha desarrollada hasta ahora, cuya medida más radicalizada fue la toma de la sede central de calle La Tablada que la conducción se encargó de levantar con las manos vacías, el gobierno y la empresa han respondido con mano dura, abriendo causas, sumarios e incluso encarcelando a varios compañeros.
    Esta iniciativa antiobrera del gobierno provincial está en sintonía con la política de reformas alentada por el imperialismo yanqui en la región, impulsada por el gobierno de Macri. Es el caso del intento de división y posterior privatización de sectores de la empresa, política impulsada en el memorandum de sometimiento firmado por Dujovne a pedido del FMI, donde se alienta la venta de activos propiedad del Estado. Evidentemente, Schiaretti y el PJ provincial desean congraciarse con la nueva dirección política del país burgués, postulándose como un recambio posible frente al descalabro de Cambiemos para garantizar la continuidad del programa de ajuste impulsado por Lagarde y Cía.
        
    Peronismo y burocracia sindical
    Hay que enfrentar estos ataques encabezados por el gobierno de Schiaretti, que se postula como uno de los candidatos presidenciales del peronismo. Este aspecto no es menor, ya que el conflicto deja ver una feroz interna en el PJ. La aceitada relación del PJ con la CGT que dirige Pepe Pihén (SEP) y con otros burócratas como Urbano de la UOM, Chacón de Comercio o Dragún del SMATA, han dejado a los trabajadores de Luz y Fuerza y la propia burocracia de Suárez en una difícil situación de aislamiento dentro del “movimiento obrero organizado”.
    Acá es muy importante sacar un balance del papel que jugó Suárez en el conflicto de las trolebuseras y colectiveros de la UTA del año pasado. Luego de un inicial apoyo a estos compañeros, que estaban peleando contra el techo salarial de 8% y la intervención del sindicato, LyF se retiró del conflicto y nunca llamó al paro en su rama ni peleó por imponer el paro provincial, única salida a una lucha que fue quebrada con la militarización de la ciudad a manos de gendarmería para imponer la voluntad de Mestre y los empresarios del transporte. En estos momentos, aquella derrota es un pesado lastre sobre el conjunto de los trabajadores cordobeses, y nuevamente la CGT Córdoba se niega a unificar las fuerzas de nuestra clase para defender a los compañeros de LyF en lucha y propinar una derrota seria al plan de ajuste de los gobiernos provincial, nacional y del FMI.
     
    Independencia de clase
    La conducción de LyF, además de evitar avanzar hacia el paro efectivo de la empresa, se juega a una política de unidad popular en “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Un movimiento que eventualmente tendrá sus frutos en listas para el 2019, como el propio Suárez ha manifestado en charlas con figurones kirchneristas. Esta política de conciliación de clases se apoya en el estatismo, donde el Estado burgués, propietario de las empresas de servicios públicos, se erige como garante de esta confluencia de intereses divergentes. Esto es completamente falso. Pretende ocultar que el Estado no es más que una firma burguesa, que además cumple un rol de aparato-militar para garantizar la propiedad privada. Empresas estatales como EPEC aparecen hoy en los escándalos de los cuadernos mostrando como sirven para los grandes negociados de los Roggio y los Electroingeniería, mientras amplios sectores de nuestra clase ni sueñan con el servicio de luz eléctrica.
    Por supuesto que la fragmentación de la empresa para entregar las áreas rentables al capital constituye un ataque a los trabajadores de la rama. Esta fragmentación apunta a imponer la reforma laboral en los hechos, imponiendo condiciones laborales y salarios a la baja a los trabajadores que dependerán de esas tercerizadas. Pero no se trata de hacer eje en la defensa del actual CCT, como proponen no sólo la burocracia de Suárez sino también sectores de la izquierda como el PO e IS. Los CCT son parte de la estructura legal que ata a los sindicatos al Estado capitalista, junto con la Ley de Asociaciones sindicales, la Ley de contrato de trabajo, las conciliaciones obligatorias, etc., etc. La solución no es una alianza para defender al Estado burgués y sus leyes, sino imponer un programa de lucha que tenga como primer punto la imposición de un contrato único para todos los trabajadores de la rama eléctrica, acabando con la precarización existente y evitando su avance.

    Una salida obrera
    La crisis generalizada de la economía nacional e internacional, se reflejan desde luego en la rama eléctrica. La defensa de la EPEC tal cual es sólo siembra ilusiones en que el Estado capitalista de un país atrasado y dependiente del capital internacional pueda ser capaz de reorganizar la economía sobre nuevas bases. Esto es una utopía reaccionaria que ha fracasado varias veces, llevando sólo a la descomposición y a la ruina económica. Los trabajadores de LyF Córdoba deben encarar la tarea de la dirección obrera de la EPEC, como escuela de planificación y para asumir su rol de vanguardia en la lucha contra la descomposición económica. Los trabajadores de toda la rama de la energía tienen en sus manos la tarea de luchar por el control obrero de las petroleras, las centrales y las empresas de distribución de energía, expropiando las empresas de manos de los capitales imperialistas y nacionales, para ponerlas en función de la planificación socialista de la economía. Pero esto sólo puede entenderse como una tarea transicional en la lucha por el poder, ya que es ridículo pensar que el Estado burgués pueda convivir con una economía planificada por los trabajadores.
    Para llevar adelante este programa, se impone recuperar los sindicatos de manos de la burocracia que vive de las ataduras de nuestras organizaciones al Estado. Debemos luchar por la anulación de toda la legislación de tutela de los sindicatos por el Estado burgués. Y poner en pie una dirección revolucionaria para la clase obrera. Necesitamos desarrollar oposiciones revolucionarias, con libertad de tendencias,  en la rama energética y en todas las demás ramas. Y proponernos la tarea urgente de impulsar un Congreso de delegados de base con mandato, de todos los sindicatos, tanto de las CGT como de las CTAs, para unificar las filas de nuestra clase detrás de un programa a la altura de la crisis a la que nos han arrojado los capitalistas y sus gobiernos en sus versiones cambiemos y peronista. Para avanzar en este camino, el activismo de LyF puede disputar la línea de la conducción, para buscar convertir la lucha del sindicato en un aglutinador de todos los sectores obreros de la provincia dispuestos a luchar, llamando a un congreso de las CGT córdoba para votar un plan de lucha y un paro provincial hasta derrotar el ataque del gobierno.
    Nos dirán que estamos apuntando demasiado alto y demasiado lejos. Desde la COR estamos convencidos de que no existe otra salida, y confiar en que un sector de nuestros enemigos de clase nos van a salvar es lo realmente utópico.

    ¡Por el triunfo de los trabajadores de LyF Córdoba!
    Reincorporación de todos los despedidos. Desprocesamiento de los luchadores.
    Abajo el plan de privatización y tercerización generalizada en EPEC.
    Contrato único. Dirección obrera de EPEC. Control obrero de la rama energética.
    Congreso delegados de base con mandato para votar un plan de lucha y un paro nacional para derrotar el plan de Schiaretti, Macri y el FMI.

  • Paro de transporte: Nueve días que sacudieron Córdoba

    La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.

    Transporte en ruinas
    Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.

    Huelga y terror patronal
    El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
    La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
    Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.

    La burocracia sindical
    El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
    La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.

    Errores de la dirección
    La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
    El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
    Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.

    Continuar la pelea
    La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.

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