Trabajadores de la salud en la pandemia: El plan sanitario del Estado es una farsa
Martes, 31 Marzo 2020 19:56
El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.
Un sistema en ruinas
La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.
La salud del pueblo
Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.
Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud
La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.
Control Obrero versus Reconversión
Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo
Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.
Asamblea en el Hospital Ramos Mejía, CABA
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Solidaridad con los trabajadores de SanCor
Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta
Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.- Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
- Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
- Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
- Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
- Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
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Paro Educativo Nacional contra la motosierra en la Universidad
El gobierno de Milei y sus aliados macristas van por todo en su plan de torcer a favor de las patronales la relación capital-trabajo e imponer los dictados del FMI y el imperialismo. Su viaje a Israel muestra el alineamiento total a EEUU y su enclave de ocupación y exterminio del pueblo palestino. En la línea de alcanzar el déficit cero para juntar dolares para pagar la deuda externa y activar los negocios del capital financiero más concentrado, detona la audiencia por el salario mínimo y la paritaria nacional docente, mientras anuncia un recorte vía licuadora inflacionaria al presupuesto en educación (y al presupuesto en general).
En sintonía con lo anterior, el viernes 16 de febrero los funcionarios nacionales se reunieron con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y las federaciones de los trabajadores universitarios (cinco docentes y una no docente) para ofrecer un aumento del 6% para el mes de febrero, que se sumaría al 10% ya acordado en el miserable arreglo que las conducciones burocráticas firmaron con el gobierno anterior. Recordemos que aquel acuerdo en cómodas cuotas no contempló ninguna adecuación para el mes de enero, por lo que sólo ese mes los trabajadores de las UUNN perdimos más de un quinto de nuestro salario. En total, la perdida arroja para los últimos 3 meses un 50% según las propias federaciones. Además, hay que sumar (restar en realidad) el descuento del FONID para los docentes de los colegios preuniversitarios, que también se ven afectados por ese recorte al igual que el resto de la docencia de los colegios y escuelas de todo el país. La “oferta” además indicaba trasladar la negociación de la paritaria fuera del ámbito de educación, algo que desconoce las disposiciones de los Convenios Colectivos del sector. Las seis federaciones rechazaron, sin una nueva audiencia a la vista y con el inminente cierre de las liquidaciones. Debemos decir que la caída del salario real de los trabajadores de la UUNN es algo sostenido en el tiempo por lo menos desde hace 15 años, lo novedoso es lo abrupto de la destrucción salarial a la que nos somete el gobierno liberal.
El recorte presupuestario va más allá de lo salarial. El reconducido del presupuesto 2023 implica una baja real de más del 50% del mismo vía inflación, lo que pone en jaque el funcionamiento de las unidades académicas. Las autoridades universitarias, con la genuflexión que las caracteriza, serán las encargadas de administrar el ajuste: ya se rumorean restricciones horarias, restricciones al uso de equipos de refrigeración y calefacción, corte de programas de becas y asistencia como los comedores universitarios, etc., etc. La gratuidad ya es hace años una ilusión con el cobro de cursos y posgrados, no se descarta la avanzada en la línea del autofinanciamiento; debemos recordar que la Ley de Educación Superior (LES) del menemismo sigue vigente y nunca fue derogada por los gobiernos Nac&Pop. Debemos enfrentar estos recortes porque implicarían el deterioro aún mayor de las condiciones de las instalaciones y equipos, con todo lo que esto implica para nuestras condiciones de higiene y seguridad laboral y para la salud de los estudiantes. Enfrentemos el “autofinanciamiento”, es decir, el avance de la privatización de la ya elitizada educación universitaria, peleando porque abran las escuelas y universidades a la clase obrera.Recuperemos nuestras organizaciones
Las federaciones universitarias quieren mostrar la ahora tan de moda “unidad”, impulsando el Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales, pero esa unidad no pasa de declaraciones impotentes ante el avance bestial de Milei. La verdadera unidad de clase tiene que apuntar a un plan de lucha, con el paro general de todas las universidades y la ocupación de las facultades y edificios. Impulsemos asambleas por facultad, asambleas interclaustros y plenarios de delegados de base con mandato en cada universidad del país para discutir un pliego único de reivindicaciones juntos a los estudiantes e investigadores de CONICET y un plan de lucha para sacar a la burocracia sindical de la comodidad de sus sillones e imponer nuestras condiciones al gobierno nacional y a las autoridades cómplices del ajuste. Por salarios que superen la canasta básica indexados mensualmente a la inflación, pase a planta de todos los precarizados, condiciones seguras de trabajo y contra las intentonas por avanzar en el teletrabajo como forma de flexibilización laboral y desorganización de nuestra clase.
Proponemos a las corrientes combativas y de la izquierda, impulsar oposiciones revolucionarias para enfrenar a las burocracias de las federaciones y los sindicatos de base. La tentación de la unidad “antimilei” con los que nos vienen entregando desde hace años a los diferentes gobiernos de turno no puede llevarnos más que a la derrota. Organicemos un plenario nacional de la oposición docente y no docente para prepararnos para la lucha por venir. De lo contrario, la confusión reinante puede hacer que las energías de la bronca contra el ajuste del gobierno nacional se dispersen y termine imponiéndose el plan de nuestros enemigos, a esto apuestan Milei y sus cómplices.
La lucha universitaria deberá ser parte de una pelea más general, en primer lugar con todos los trabajadores de la educación de los otros niveles, que están en pie de guerra por la anulación de la paritaria nacional y el recorte del Fonid. ¡Vamos al paro educativo nacional!
Se impone asimismo la unidad con el conjunto de los estatales y trabajadores de la industria, los servicios y las organizaciones sociales independientes del Estado para organizar el paro general contra el DNU, los protocolos represivos y todo el plan fondomonetarista de Milei, Macri, los gobernadores y el resto de la casta burguesa arrodillada al capital financiero internacional.
Docentes y nodocentes universitarios de la COR -
Con despidos y recortes salariales, Llaryora ataca a los estatales
Luego de inaugurar su buena sintonía con Milei reprimiendo la manifestación del 22/12, Llaryora profundiza el romance entre el cordobecismo del PJ provincial y sus aliados (HUxC) con el gobierno nacional de LLA. Tras el intento de desconocer la paritaria ya firmada por los sindicatos estatales, vigente hasta este mes de enero, el 27/12 el gobierno hizo votar en la legislatura provincial el aumento de los descuentos a los estatales para financiar la Caja de Jubilaciones y la mutual APROSS. Los montos llegan hasta un 4% en el caso de la Caja y hasta el 2% para el APROSS. Este recorte al salario se da en medio de una inflación galopante, que bordea la hiper. Llaryora ya ha declarado que se dispone a renegociar a la baja el aumento pactado para enero, que debía equiparar la inflación de diciembre, así como a reponer el diferimiento por seis meses de los aumentos a los jubilados. El ataque en regla contra los estatales se completa con una ola de despidos de trabajadores precarizados a partir del inicio de 2024. A la fecha, ATE ha relevado 58 despidos en SENAF y más de una veintena en salud, entre tantos otros en el resto de las reparticiones.
Este ataque no podría haber avanzado tanto sin el rol traidor de la burocracia sindical, que había llamado al paro provincial de estatales para el martes 26/12, que se esperaba sería contundente. La docencia encabezada por la UEPC Capital, recuperada por una lista combativa, ya había hecho una marcha importante y las asambleas en el poder judicial y otras reparticiones sentaban las bases para pararle la mano a Llaryora. Pero una vez que se garantizó que la clausula gatillo de diciembre, equivalente a la inflación de noviembre, sí se pagaría, la burocracia decidió levantar el paro sin haber solucionado el problema de los descuentos. El llamado a parar luego de la votación en la bicameral fue tardío y para descomprimir, la bronca entre los estatales se expresó en la gran marcha del jueves 28/12. La CTA-ATE directamente estuvo ausente de la marcha y no impulsó el paro en las reparticiones, salvo algunos delegados independientes de la conducción verde. Ante los despidos, el SEP no hizo más que convocar a los “afectados” a su sede gremial para hacer presentaciones administrativas, sin organizar ninguna acción contundente en los lugares de trabajo ni llamado a paro en toda la provincia. ATE se limitó a declararse, por enésima vez, en estado de alerta y movilización, sin llamar a asambleas ni ninguna otra medida ante el golpe del gobierno provincial.
Los trabajadores estatales nacionales de varias secretarías como la de Trabajo, ante una situación similar, garantizaron ayer el ingreso de los despedidos a las dependencias e hicieron asambleas permanentes para que estos no queden aislados, es un buen ejemplo a seguir. No es tiempo de tibios, debemos frenar los despidos con medidas contundentes como la paralización y ocupación de toda repartición donde haya despidos y preparar desde las estructuras la movilización para imponer el paro provincial activo y conquistar nuestras demandas de reincorporación, pase a planta y aumento para llevar el salario inicial al nivel de la canasta familiar, con ajuste mensual a la inflación. Desarrollando la lucha contra Llaryora nos fortaleceremos para preparar el paro general del 24 de enero convocado por las centrales. Desarrollemos en todas las reparticiones asambleas para votar el pliego de reivindicaciones de la lucha y las acciones para garantizar la medida, no podemos dejar en manos de la burocracia el enfrentamiento al gobierno de Milei y sus aliados. La UEPC Capital se ha ganado el lugar para llamar a un gran plenario provincial de los sectores, delegados y activistas opositores a la burocracia para discutir como llevar este plan de acción a cada fábrica y lugar de trabajo.
- Reincorporación de todos los despedidos
- Pase a planta permanente
- Aumento salarial, salario inicial = canasta familiar, con ajuste mensual a la inflación
- Plenario de delegados con mandato de asamblea
- Garanticemos la contundencia del paro del 24 de enero
- Frenemos el plan de ajuste de Milei, el FMI y sus aliados
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UEPC: La oposición docente recuperó la delegación Córdoba Capital de manos de la burocracia sindical
El pasado viernes 4 de agosto la oposición y la docencia combativa asestaron un golpe a la lista Celeste de la burocracia sindical, recuperando la delegación Capital tras 38 años de paritarias a la baja y de dejar pasar todo tipo de ataques por parte del Estado patrón.
Como ya habíamos anticipado en nuestra nota anterior, la conformación de la lista 2 “Unidad desde las escuelas” fue producto de la experiencia que realizó el activismo docente en la larga lucha por paritarias de principios de este año y fines del pasado. Los trabajadores de la educación ganaron en organización desde las asambleas escolares e impusieron a la burocracia reiterados paros y movilizaciones contra las magras ofertas salariales del gobierno de Schiaretti. Es importante destacar que se recuperó la delegación como expresión de un proceso nacional de lucha docente, cuya máxima manifestación es la pelea en Jujuy contra la reforma de Morales y el PJ, rechazada por miles de trabajadores, que se mantienen aún en pie de lucha así como los conflictos docentes de Salta, Misiones, San Juan, etc. La descarga de la crisis sobre nuestras espaldas producto del acuerdo del gobierno con el FMI ha desatado conflictos en varias ramas, mientras la burocracia sindical de todos los colores se ubicó como la garante del plan de ajuste. Y en Córdoba, Monserrat no fue la excepción, más bien fue el encargado de recibir a Massa en su gira de campaña por la provincia. Una conclusión importante para todo el movimiento obrero es que los procesos de lucha encuentran un canal de expresión en las elecciones sindicales, como demuestra la recuperación de la delegación Capital de la UEPC; pero esto no es así en el caso de las elecciones burguesas, donde nuestra clase y sus organizaciones quedan atomizadas en el voto individual del trabajador convertido en “ciudadano” o “vecino”.
Estas experiencias fueron las que allanaron el camino para que la Lista 2 Unidad (conformada por las agrupaciones ligadas a los partidos de izquierda, agrupaciones independientes y activistas) conquistara la directiva de Capital, aún con los límite que representa un frente del cuál forman parte direcciones que carecen de cualquier independencia de clase, como el MST y otras variantes reformistas. Además de Capital, otras listas opositoras ganaron las delegaciones de Río IV (Lista negra) y General Roca (Lista Verde mar).
Por su parte, la Celeste retuvo 23 de las 26 delegaciones y la Junta Ejecutiva Central que será dirigida por el sucesor de Monserrat, Roberto Cristalli, y la Secretaria Adjunta, Elizabeth Vidal. Respecto a los delegados departamentales que conforman la Asamblea Provincial, la oposición obtuvo 40 delegados y 93 la Celeste. De esos 40 delegados de la oposición, además de las mayorías en las 3 departamentales donde fue derrotada la burocracia, se obtuvieron minorías en Marcos Juárez, Calamuchita, Ischilín, Colón, Punilla, Tercero Arriba, Río Seco, Santa María, San Alberto, Unión, Río Segundo y San Martín, es decir, a lo largo y ancho de la provincia.Ahora bien, le espera a la nueva conducción antiburocrática de UEPC Capital profundizar el método democrático de convocar a asambleas escolares y plenarios para desarrollar minorías opositoras en las restantes delegaciones de la UEPC. Está planteado desarrollar una Campaña por la reapertura de paritarias para recuperar lo perdido e imponer un salario inicial igual a la canasta familiar indexado por inflación. También es necesario pelear para organizar al conjunto de la docencia en todo el país por recuperar la Ctera e imponer el paro educativo nacional para evitar que Jujuy y Salta permanezcan aisladas. Una gran iniciativa en este sentido sería que la delegación recuperada en Córdoba Capital impulse, junto a otras delegaciones, seccionales y listas opositoras del resto de las provincias, un plenario nacional de delegados de la oposición docente, con mandato de base y una perspectiva de lucha.
¡Abajo el ajuste!
¡No al pago de la deuda!
¡Fuera el FMI! -
La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera
El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.
Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.
La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.
Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.
COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba