Luz y Fuerza Córdoba: Principal línea de frente del ataque patronal

La seguidilla de ataques que el gobierno de Schiaretti viene descargando contra los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) demuestran que el principal objetivo del gobierno y las patronales que lo sostienen es quebrar a uno de los sindicatos históricamente más poderosos de la provincia. Luz y Fuerza Córdoba no sólo cuenta con la tradición de su participación en el Cordobazo, sino con el bagaje de haber derrotado varios intentos de privatización. Esto no quiere decir que sea la única rama donde las patronales descargan su ataque: ya ha sucedido en el transporte, donde luego de la derrota de la gran lucha de los trabajadores de UTA de 2017, la FETAP ha introducido despidos selectivos y esquemas de productividad, o en el SMATA y la UOM, donde los despidos y suspensiones son moneda corriente y se anuncia una ola de preventivos de crisis para hacerlos masivos.
La ofensiva patronal en EPEC ha contemplado la denuncia ante el ministerio de trabajo del CCT vigente, la implementación de leyes para recortar conquistas a los trabajadores, el cierre de centros de atención al cliente y la tercerización de tareas como la toma de estado de los medidores de consumo. A la lucha desarrollada hasta ahora, cuya medida más radicalizada fue la toma de la sede central de calle La Tablada que la conducción se encargó de levantar con las manos vacías, el gobierno y la empresa han respondido con mano dura, abriendo causas, sumarios e incluso encarcelando a varios compañeros.
Esta iniciativa antiobrera del gobierno provincial está en sintonía con la política de reformas alentada por el imperialismo yanqui en la región, impulsada por el gobierno de Macri. Es el caso del intento de división y posterior privatización de sectores de la empresa, política impulsada en el memorandum de sometimiento firmado por Dujovne a pedido del FMI, donde se alienta la venta de activos propiedad del Estado. Evidentemente, Schiaretti y el PJ provincial desean congraciarse con la nueva dirección política del país burgués, postulándose como un recambio posible frente al descalabro de Cambiemos para garantizar la continuidad del programa de ajuste impulsado por Lagarde y Cía.
    
Peronismo y burocracia sindical
Hay que enfrentar estos ataques encabezados por el gobierno de Schiaretti, que se postula como uno de los candidatos presidenciales del peronismo. Este aspecto no es menor, ya que el conflicto deja ver una feroz interna en el PJ. La aceitada relación del PJ con la CGT que dirige Pepe Pihén (SEP) y con otros burócratas como Urbano de la UOM, Chacón de Comercio o Dragún del SMATA, han dejado a los trabajadores de Luz y Fuerza y la propia burocracia de Suárez en una difícil situación de aislamiento dentro del “movimiento obrero organizado”.
Acá es muy importante sacar un balance del papel que jugó Suárez en el conflicto de las trolebuseras y colectiveros de la UTA del año pasado. Luego de un inicial apoyo a estos compañeros, que estaban peleando contra el techo salarial de 8% y la intervención del sindicato, LyF se retiró del conflicto y nunca llamó al paro en su rama ni peleó por imponer el paro provincial, única salida a una lucha que fue quebrada con la militarización de la ciudad a manos de gendarmería para imponer la voluntad de Mestre y los empresarios del transporte. En estos momentos, aquella derrota es un pesado lastre sobre el conjunto de los trabajadores cordobeses, y nuevamente la CGT Córdoba se niega a unificar las fuerzas de nuestra clase para defender a los compañeros de LyF en lucha y propinar una derrota seria al plan de ajuste de los gobiernos provincial, nacional y del FMI.
 
Independencia de clase
La conducción de LyF, además de evitar avanzar hacia el paro efectivo de la empresa, se juega a una política de unidad popular en “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Un movimiento que eventualmente tendrá sus frutos en listas para el 2019, como el propio Suárez ha manifestado en charlas con figurones kirchneristas. Esta política de conciliación de clases se apoya en el estatismo, donde el Estado burgués, propietario de las empresas de servicios públicos, se erige como garante de esta confluencia de intereses divergentes. Esto es completamente falso. Pretende ocultar que el Estado no es más que una firma burguesa, que además cumple un rol de aparato-militar para garantizar la propiedad privada. Empresas estatales como EPEC aparecen hoy en los escándalos de los cuadernos mostrando como sirven para los grandes negociados de los Roggio y los Electroingeniería, mientras amplios sectores de nuestra clase ni sueñan con el servicio de luz eléctrica.
Por supuesto que la fragmentación de la empresa para entregar las áreas rentables al capital constituye un ataque a los trabajadores de la rama. Esta fragmentación apunta a imponer la reforma laboral en los hechos, imponiendo condiciones laborales y salarios a la baja a los trabajadores que dependerán de esas tercerizadas. Pero no se trata de hacer eje en la defensa del actual CCT, como proponen no sólo la burocracia de Suárez sino también sectores de la izquierda como el PO e IS. Los CCT son parte de la estructura legal que ata a los sindicatos al Estado capitalista, junto con la Ley de Asociaciones sindicales, la Ley de contrato de trabajo, las conciliaciones obligatorias, etc., etc. La solución no es una alianza para defender al Estado burgués y sus leyes, sino imponer un programa de lucha que tenga como primer punto la imposición de un contrato único para todos los trabajadores de la rama eléctrica, acabando con la precarización existente y evitando su avance.

Una salida obrera
La crisis generalizada de la economía nacional e internacional, se reflejan desde luego en la rama eléctrica. La defensa de la EPEC tal cual es sólo siembra ilusiones en que el Estado capitalista de un país atrasado y dependiente del capital internacional pueda ser capaz de reorganizar la economía sobre nuevas bases. Esto es una utopía reaccionaria que ha fracasado varias veces, llevando sólo a la descomposición y a la ruina económica. Los trabajadores de LyF Córdoba deben encarar la tarea de la dirección obrera de la EPEC, como escuela de planificación y para asumir su rol de vanguardia en la lucha contra la descomposición económica. Los trabajadores de toda la rama de la energía tienen en sus manos la tarea de luchar por el control obrero de las petroleras, las centrales y las empresas de distribución de energía, expropiando las empresas de manos de los capitales imperialistas y nacionales, para ponerlas en función de la planificación socialista de la economía. Pero esto sólo puede entenderse como una tarea transicional en la lucha por el poder, ya que es ridículo pensar que el Estado burgués pueda convivir con una economía planificada por los trabajadores.
Para llevar adelante este programa, se impone recuperar los sindicatos de manos de la burocracia que vive de las ataduras de nuestras organizaciones al Estado. Debemos luchar por la anulación de toda la legislación de tutela de los sindicatos por el Estado burgués. Y poner en pie una dirección revolucionaria para la clase obrera. Necesitamos desarrollar oposiciones revolucionarias, con libertad de tendencias,  en la rama energética y en todas las demás ramas. Y proponernos la tarea urgente de impulsar un Congreso de delegados de base con mandato, de todos los sindicatos, tanto de las CGT como de las CTAs, para unificar las filas de nuestra clase detrás de un programa a la altura de la crisis a la que nos han arrojado los capitalistas y sus gobiernos en sus versiones cambiemos y peronista. Para avanzar en este camino, el activismo de LyF puede disputar la línea de la conducción, para buscar convertir la lucha del sindicato en un aglutinador de todos los sectores obreros de la provincia dispuestos a luchar, llamando a un congreso de las CGT córdoba para votar un plan de lucha y un paro provincial hasta derrotar el ataque del gobierno.
Nos dirán que estamos apuntando demasiado alto y demasiado lejos. Desde la COR estamos convencidos de que no existe otra salida, y confiar en que un sector de nuestros enemigos de clase nos van a salvar es lo realmente utópico.

¡Por el triunfo de los trabajadores de LyF Córdoba!
Reincorporación de todos los despedidos. Desprocesamiento de los luchadores.
Abajo el plan de privatización y tercerización generalizada en EPEC.
Contrato único. Dirección obrera de EPEC. Control obrero de la rama energética.
Congreso delegados de base con mandato para votar un plan de lucha y un paro nacional para derrotar el plan de Schiaretti, Macri y el FMI.

A un año de la desaparición de Santiago Maldonado y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel

Por Regional Córdoba

El 1º de Agosto en Córdoba marchamos por el pedido de Verdad y Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

A un año de la represión desatada por la gendarmería nacional a la protesta Mapuche donde se encontraba Santiago y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la prefectura, seguimos denunciando la responsabilidad de las fuerzas represivas del Estado. Hace ya un año que Macri y su ministra Bullrich vienen dando sobradas muestras de lo que están dispuestos a hacer en materia represiva, teniendo en cuenta la situación de crisis económica aguda, reflejo de la crisis internacional que se profundiza, y que deben descargarla sobre la clase obrera y la juventud trabajadora.

Hace escasos días se publicó en el boletín oficial el decreto del Ejecutivo que autoriza la intervención de las FFAA en asuntos internos, siendo parte del proyecto de fortalecimiento del Estado burgués para disciplinar y contener la respuesta de nuestra clase ante el plan de saqueo imperialista acordado con el FMI. Esta política viene dictada ni más ni menos desde EE.UU., que la impulsa para todos los países del continente como hemos visto en Brasil.

Ante este escenario, desde la COR consideramos que para enfrentar al Estado como aparato burocrático militar y derrotar el plan de ataque es importante ser claros con la vanguardia y la juventud trabajadora respecto a la independencia de clase respecto del peronismo, del kirchnerismo y todas las variantes burguesas, porque lo único que hace el peronismo es garantizar gobernabilidad a Macri, aplicar el ajuste en los distritos que gobierna y prometer un 2019.

La clásica salida que pueden ofrecer los partidos burgueses es, obviamente, en el marco de su Estado y sus instituciones. Lo mismo planeta la burocracia sindical de todos los pelajes. Por esto mismo, el contenido de la marcha de los organismos de DDHH afines al kirchnerismo y también al gobierno de la provincia de Córdoba como la Mesa de Trabajo no tuvo nada de progresivo, al reclamar el 26 de Julio pasado “nunca más fuerzas armadas represivas”, un contrasentido que pretenden ocultar el carácter de clase del Estado burgués. Será aceptable para estas corrientes conciliadoras que sea la Gendarmería y demás fuerzas federales las que repriman la protesta social, que despejen los cortes de rutas, que asesinen trabajadores si la crisis se profundiza, pero con el aval del parlamento burgués en un consenso generalizado que diga y autorice quienes deben meter plomo al pueblo trabajador. Una muestra del carácter reaccionario de quienes defienden la democracia burguesa y sus leyes.

Lo lamentable es que la izquierda centrista no planteó en los hechos nada muy diferente. Frente al decreto de Macri, Romina Del Pla del FIT presentó un proyecto de Ley para que el parlamento sea el que defina sobre la cuestión, lo mismo que el arco peronista. Oponiendo la ley del congreso al decreto presidencial, quedaron atrapados una vez más en las instituciones del régimen burgués, como les viene pasando al ver golpes de Estado en cualquier parte (Brasil) ante los reacomodamientos de estas instituciones. Con ello, sientan las bases para justificar los “frentes únicos” con los K y el resto del peronismo aduciendo que el enemigo en común es el macrismo. Una visión alejada del marxismo que termina debilitando a la vanguardia obrera al liquidar la independencia de clase y confiando en una salida dentro de los márgenes de la democracia burguesa.

Los revolucionarios insistimos en que la delimitación de los partidos burgueses es programática y nos prepara para enfrentar a esta ideología conciliadora y denunciar el carácter de clase del Estado. Para algunas corrientes de la izquierda eso es relativo, ya que ante la mencionada convocatoria que realizaba la Mesa de Trabajo el socio del FIT, Izquierda Socialista, y el Nuevo Mas argumentaron que debíamos marchar de la forma menos diferenciada posible de los peronistas ya que veían una oportunidad de “disputar militancia”.

El miércoles pasado sucedió algo similar en la marcha por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Algunos partidos de la izquierda y las organizaciones de la Coordinadora Santiago Maldonado Presente realizaron una gran convocatoria, a la que adherimos, con concentración en Colón y Gral Paz para marchar diferenciados de los organismos oficiales y la idea primera era finalizar la marcha en Gendarmería. Otras corrientes como IS, el MTS y el Nuevo MAS se opusieron en todo momento a una convocatoria diferenciada de la Mesa de Trabajo por los DDHH dirigida por los K.

La marcha fue multitudinaria, con un peso mayor de los sectores identificados con la izquierda. Sin embargo, esta vez el movimiento por el derecho al aborto, identificado con la consigna “que sea ley”, es decir, llevando todo al poroteo de votos en la altamente reaccionaria cámara de senadores del Congreso, fue la piedra de toque para diluir cualquier perspectiva de lucha independiente por justicia y verdad para Santiago y Rafael en un festival musical auspiciado incluso por las alas pro legalización del aborto de la UCR y el PRO, que hace años conviven alegremente junto a la burocracia sindical y las corrientes de la izquierda en la asamblea ni una menos. Debemos insistir en que la lucha de la mujer trabajadora nada tiene que ver con la conciliación pacífica con la burguesía y sus partidos, y mucho menos con sembrar ilusiones en que la barbarie social a que arroja el capitalismo a las masas trabajadores y a sus sectores más oprimidos como las mujeres y la juventud pueda ser si quiera paleada malamente por la intervención reaccionaria del Estado burgués.

Ante la imposibilidad de continuar marchando con la columna independiente hasta la sede de Gendarmería tal como se había acordado, los sectores que habían bregado por no confundir banderas con el kirchnerismo tampoco hicieron un acto u otra acción independiente, suponemos que por su clásica “adaptación al movimiento”. En ese sentido el balance de una gran jornada en las calles quedó trunco, ya que la voz de los trabajadores que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos con nuestros enemigos de clase no logró hacerse oír con claridad.

A un año de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel seguiremos gritando bien fuerte ¡Verdad y Justicia!

Charla: 1 de Mayo en Córdoba

Comunicado: Frente a los allanamientos simultáneos de locales en Córdoba

Desde la Corriente Obrera Revolucionaria, expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones y compañeros que sufrieron el allanamiento de sus locales y domicilios este mediodía. Los pretextos utilizados por la justicia y las fuerzas de seguridad del estado burgués no pueden ocultar el objetivo de amedrentar a las organizaciones que venimos denunciando la podredumbre del aparato represivo, que ha quedado expuesta a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado hace ya un mes.

La escalada represiva está destinada a hacer pasar un ataque frontal contra el movimiento obrero, como vimos en los desalojos de AGR-Clarín y Pepsico, y en Córdoba, con la militarización del servicio de transporte público para quebrar el paro de los trabajadores agrupados en la UTA, donde junto a la Fuerza Aérea y la Policía de Córdoba, tuvo un rol destacada la Gendarmería Nacional, desplegando controles en cada puente y 2 gendarmes en cada colectivo. La reforma laboral, la reforma previsional y el ataque a las organizaciones sindicales tienen su correlato en esta avanzada de las fuerzas de represión del aparato burocrático-militar que es el Estado burgués.

No quiere decir que la Gendarmería fuera democrática antes de la llegada de Macri a la Rosada, como nos quieren vender Cristina Kirchner y el resto de los voceros del peronismo. No olvidamos el rol de Gendarmería en la militarización de Santa Cruz en 2006, para cazar a los petroleros en lucha, que terminó con la condena a cadena perpetua para los compañeros, así como en tantas otras luchas obreras durante el gobierno anterior. Tampoco olvidamos a Julio Lopez, Mariano Ferreyra, Fuentealba y tantas otras víctimas del Estado burgués y sus fuerzas auxiliares de represión.

No es a través de las elecciones que vamos a derrotar el ataque de Macri y sus aliados, que cuentan con la complicidad de las demás fuerzas de oposición burguesa, sino con la organización y la lucha de nuestra clase. La burocracia sindical busca un nuevo compromiso con Macri y las patronales, nuestra tarea es recuperar los sindicatos para la lucha. Forjemos oposiciones sindicales revolucionarias por rama, disputando a la vanguardia obrera armada con un programa de transición al socialismo. Es en la producción donde podemos enfrentar al Estado burgués y su aparato represivo.

Frente al intento de Macri y Schiaretti por avanzar sobre las organizaciones de la izquierda obrera y otras organizaciones populares, la respuesta debe ser redoblar los esfuerzos para organizar a nuestra clase con la más estricta independencia de nuestros enemigos capitalistas. Impulsemos asambleas en cada lugar de trabajo y de estudio, para imponer a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles un plan de lucha frente al ataque patronal y la escalada represiva.

Mañana 1/9, todos a la marcha por la aparición con vida de santiago Maldonado, ya!

Por una comisión investigadora independiente.

Abajo la represión del Estado burgués. Disolución del aparato represivo.

Libertad a los compañeros detenidos en el operativo del 31/8 y a todos los presos políticos.

Córdoba, 31 de agosto de 2017

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
en la TRCI

Paro de transporte: Nueve días que sacudieron Córdoba

La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.

Transporte en ruinas
Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.

Huelga y terror patronal
El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.

La burocracia sindical
El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.

Errores de la dirección
La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.

Continuar la pelea
La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.