Balas para imponer el ajuste. Una gran lucha antiimperialista para enfrentarlo.
Lunes, 10 Diciembre 2018 23:43
La Resolución 956/18 dictada por el Ministerio de Seguridad no es casual, luego del escenario del G20 donde los principales mandatarios imperialistas intentan rescatar al capitalismo putrefacto y disciplinar a la clase obrera mundial. Exigen a las semicolonias como Argentina aplicar un paquete de reformas que incluya la reforma laboral, previsional, educativa y de salud a escala mundial. Y un salto en la represión contra los trabajadores, tal como votaron en la cumbre de Lima y vienen aplicando en toda Latinoamérica. El cipayo, Mauricio Macri, viene imponiendo esta política de hambre y necesita de las fuerzas represivas para disciplinar con mano dura lo que no pueda contener ni la burocracia sindical ni el PJ ni la Iglesia. Para reprimir, tiene las armas que le vende Trump, Macrón e Israel. La militarización de la frontera norte y la presencia de la gendarmería en los barrios es parte de esta escalada. Y Schiaretti, pese a intentar distanciarse de Macri, es un colaborador más en el plan represivo que garantiza la sumisión de la Argentina al capital imperialista.
La Resolución 956/18 habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales para la utilización de armas de fuego legalizando lo que a diario las madres y familiares de los jóvenes de las barriadas sufren a manos de la policía. En la madrugada del jueves 22 de noviembre la policía bonaerense perpetró una violenta represión contra un grupo de militantes que realizaban una toma de tierras fiscales en La Matanza, con el saldo de varios detenidos y un compañero fusilado, Rodolfo Orellana, miembro de las Organizaciones Libres del Pueblo, integrantes de la CTEP. Con una diferencia de tan solo 48 hs, la policía de Córdoba golpea brutalmente y luego asesina por la espalda a otro militante del EO en CTEP, Marcos Jesús Soria.
Legalizan ahora lo que el Estado burgués, a través del monopolio de las armas, viene practicando hace largo tiempo mediante el “gatillo fácil”. La Resolución dictada por el Ministerio de Patricia Bullrich y publicada en Boletín Oficial establece que: permite a las fuerzas de seguridad disparar sin dar la voz de alto en caso de peligro de fuga o resistencia a la autoridad.
Este intento de darle un marco legal a la persecución, detención, tortura y asesinatos de miles de trabajadores que enfrentan este plan sistemático de hambre y palos nos obliga a la clase obrera de conjunto a organizar la autodefensa y acaudillar a la juventud y al pueblo pobre en el enfrentamiento a la política represiva del Estado burgués.
El aparato represivo es el núcleo del Estado burgués en tanto aparato burocrático-militar y su principal tarea es la defensa de la propiedad privada de los medio de producción. Y es allí, en la producción, donde debemos atacar a la burguesía. La centralidad de la clase obrera es la que puede ofrecer una salida al conjunto de los sectores golpeados por el ajuste, dirigiendo una gran lucha antiimperialista. Los sindicatos cumplen un rol fundamental en este enfrentamiento, una de las principales tareas que tenemos los revolucionarios es recuperarlos de manos de la burocracia sindical para ampliar sus funciones y organizar la autodefensa de nuestra clase. ¡Por la disolución de la policía y todas las fuerzas represivas!
Es imperiosa la necesidad de poner en pie un congreso de delegados de base de todos los sindicatos y centrales, que discuta un programa de salida a la crisis y un plan de lucha con paros, piquetes y toma de fábricas y establecimientos para dar por tierra con los planes del imperialismo para la región. Por un programa transicional, que levante las escalas móviles de horas de trabajo y de salario incorporando a la producción a los desocupados, el control obrero de las ramas de la producción y los servicios y la expropiación de los capitalistas. Para llevar a la acción estas tareas, es necesario poner en pie el Partido Revolucionario, sección nacional de la IV internacional reconstruida.
¡Justicia para Soria, Orellana y todos los compañeros asesinados!
¡Desprocesamiento de los luchadores, libertad a los presos por luchar!
¡Por la disolución de las fuerzas represivas!
¡Abajo el Macrismo! ¡Fuera el FMI!
10/12/2018
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Solidaridad con los trabajadores de SanCor
Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta
Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.- Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
- Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
- Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
- Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
- Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
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Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez
Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.
Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.
C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza
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La justicia cordobesa vota por la represión
La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.
Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.
Córdoba, 1/11/2023
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La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera
El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.
Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.
La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.
Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.
COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba -
Repudiamos el ataque judicial a dirigentes piqueteros y sindicales
Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.
El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.
Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.
La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.
COR
Regional Córdoba